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EL ARTICULO 14 BIS
DE LA CONSTITUCIÓN NACIONAL


El art. 14 bis
. de la C.N. incorporado en la reforma de 1957 establece:

"El trabajo en sus diversas formas gozará de la protección de las leyes, las que asegurarán al trabajador: condiciones dignas y equitativas de labor; jornada limitada; descanso y vacaciones pagados; retribución justa; salario mínimo vital móvil; igual remuneración por igual tarea; participación en las ganancias de las empresas, con control de la producción y colaboración en la dirección; protección contra el despido arbitrario; estabilidad del empleado público; organización sindical libre y democrática, reconocida por la simple inscripción en un registro especial.

Queda garantizado a los gremios: concertar convenios colectivos de trabajo; recurrir a la conciliación y al arbitraje; el derecho de huelga. Los representantes gremiales gozarán de las garantías necesarias para el cumplimiento de su gestión sindical y las relacionadas con la estabilidad de su empleo.

El Estado otorgará los beneficios de la seguridad social, que tendrá carácter de integral e irrenunciable. En especial, la ley establecerá: el seguro social obligatorio, que estará a cargo de entidades nacionales o provinciales con autonomía financiera y económica, administradas por los interesados con participación del Estado, sin que pueda existir superposición de aportes; jubilaciones y pensiones móviles; la protección integral de la familia; la defensa del bien de familia; la compensación económica familiar y el acceso a una vivienda digna."


Dicho artículo distingue
:

PRIMERA PARTE:

a) condiciones de trabajo en orden a:

* prestación en sí del servicio,

* remuneración,

* duración,

* control y colaboración en la empresa.

 

b) asociación sindical.

 

SEGUNDA PARTE:

a) derechos gremiales.

 

TERCERA PARTE:

a) seguridad social.

 

 El denominado Constitucionalismo social registra una doble transformación a nivel del Estado y a nivel de los derechos individuales:

a) del Estado abstencionista se pasó al Estado intervencionista, y
b) se complementaron dichos derechos con la incorporación de derechos sociales y económicos.

Esta nueva realidad implicó la inserción de cláusulas económicas y sociales en las leyes fundamentales, y la llamada "racionalización del poder".

A través de este artículo el constituyente pretendió darle al trabajo una tutela legal, que asegure y ampare necesaria y obligatoriamente los derechos en él enumerados.

Personalmente creo que mientras no exista la voluntad política real de hacer efectiva cualquier declaración, ésta se convierte en palabra muerta. Alguna vez el Barón Rothshild pidió que le dieran el control sobre la moneda de la Nación, y ya no le importaría quién hiciera las leyes. Nadie puede dudar que el verdadero poder está más allá de toda norma constitucional. ¿Quién puede negar que una ley protectoria sólo será viable y aplicable en el caso de no afectar los intereses del "poder"?

Siguiendo a Bidart Campos, cuando el artículo analizado agrega que el trabajo gozará de la protección de las leyes, enfatiza el apoyo normativo que, programáticamente, obliga al congreso a multiplicar una legislación tutelar en todos los ámbitos laborales.

A continuación son comentadas sus cláusulas:

 

 
A. PRIMERA PARTE

 

1. Las condiciones de trabajo

Dignas y equitativas se inspiran en la libertad, dignidad y justicia que no pueden ser desconocidas. Debe respetarse al trabajador en su condición de hombre. Dichas condiciones comprenden: todo trabajo o servicio, lugar y modo en que se realizan, valores humanos propios del trabajador, situaciones personales como ser: sexo, edad, capacidad, posibilidades de esfuerzo, etc.


2. Jornada limitada

Referida al tiempo reducido y razonable del trabajo. Debe se equitativa, no excesiva de la posibilidad de esfuerzo; nunca llegar a agotar física, moral o intelectualmente al trabajador.


3. Descanso y vacaciones pagados

En razón de la preservación de la salud y la dignidad, están cubiertos tanto el reposo semanal obligatorio como las pausas periódicas anuales.


4. Retribución justa

Se refiere al salario que por su monto, oportunidad de pago, integralidad, resulta satisfactorio y suficiente para vivir. Es el medio económico por el cual quien trabaja obtiene los recursos que le permiten satisfacer necesidades, desarrollo y perfeccionamiento, propios y los de sus dependientes ("compensación económica familiar").


5. Salario mínimo vital y movil

Debe ser justo y razonable, no pudiendo ser reducido por convenios colectivos ni por contratos individuales.
Vital implica que debe cubrir las necesidades del trabajador y su hogar en el orden material, espiritual y cultural.
Móvil por ser ajustable a los índices del costo de vida, actualizable.


6. Igual remuneración por igual tarea

La intención es prohibir discriminaciones arbitrarias en la remuneración de trabajos similares, fundadas en razones de sexo, edad, nacionalidad, religión, etc.
Dicha norma no se opone a diferencias dadas por la mayor eficacia y laboriosidad de algunos empleados.


7. Participación, control y colaboración

Se trata de convertir al trabajador en protagonista de la empresa, permitiendo su aporte de iniciativa, capacidad, experiencia, con clara incidencia en el mayor y mejor rendimiento y eficiencia productiva.


8. Protección contra el despido arbitrario. Estabilidad del empleado público

La doctrina considera dos casos de estabilidad:

a) Propia o absoluta: que impide el despido (salvo justa causa). Esa prohibición no puede ser reemplazada por una indemnización; pero está sujeta a condiciones legales. Es la que cubre al empleado público, garantizando su reincorporación ante despido sin justa causa.

b) Impropia o relativa: puede traducirse en el pago de una indemnización, y es la referida al empleado privado.


Un despido arbitrario es aquél agraviante, injurioso, ofensivo e irrazonable. Pueden entonces distinguirse clases de despidos: a) con justa causa; b) sin causa, injustificado, inmotivado; c) arbitrario. En los dos últimos casos el empleado queda protegido y debe ser indemnizado.

La estabilidad propia, que ampara al empleado público, queda vulnerada: a) si la cesantía se dispone sin causa legal suficientemente razonable; b) si se dispone sin sumario previo y sin forma suficiente de debido proceso; c) si se declara en comisión al personal. Pero no es violada cuando: a) hay causa legal razonable, acreditada por sumario previo que satisface el debido proceso; b) se suprime el empleo; c) se dispone la cesantía por razones reales de verdadera racionalización o economía administrativa; d) el empleado está en condiciones de jubilarse o se lo jubila de oficio. En estos casos, al no haber causa imputable al agente y ser inviable la reincorporación, la estabilidad se traduce en el derecho a una indemnización (el derecho a dicha estabilidad no es en sí absoluto, pues cede ante el interés general).


9. Organización sindical libre y democrática

Esta cláusula viene a robustecer el derecho a "asociarse con fines útiles". Los entes sindicales se encuadran en la categoría de personas jurídicas públicas no estatales, entendidos como sociedades espontáneas y naturales creadas para la defensa de intereses comunes. La norma obliga a que se permita y no se impida la existencia de más de uno.

El sistema analizado consagra también el pluralismo sindical, sin perjuicio del derecho de los sindicatos de agruparse voluntariamente entre sí, y rechaza la afiliación obligatoria y la intervención estatal o política, que tienda a desnaturalizar los fines gremiales (organización libre, sin interferencias).
Debe ser democrático en su origen y funcionamiento, o sea en su constitución y en su estructura interna, frente al Estado,afiliados y terceros.

 


B. SEGUNDA PARTE


1. Los gremios

Equivalen a asociaciones sindicales organizadas, pero no son los únicos ni exclusivos sujetos de los derechos gremiales consagrados.


2. Convenios colectivos de trabajo

Comprenden todo acuerdo escrito relativo a condiciones de empleo y trabajo, que se celebra entre un empleador, un grupo de ellos, o una o más organizaciones de empleadores por una parte, y por la otra, una o varias organizaciones representativas de trabajadores interesados, debidamente elegidos y autorizados, de acuerdo a la legislación nacional.

Es deber del Estado reconocer el derecho de autonomía y autodeterminación de los gremios.
El convenio colectivo es contractual y se ubica en el marco de las actividades privadas. Emana de poderes delegados al sindicato como organismo intermedio, siendo la homologación estatal un mero acto de control a fin de extender a terceros su aplicación y velar por su cumplimiento.
Una ley posterior no puede dejar sin efecto mayores beneficios derivados de un convenio colectivo anterior, durante su plazo de vigencia. Éste prevalece sobre la ley cuando establece mejores derechos, que han pasado a formar parte de cada contrato individual comprendido.


3. Conciliación y arbitraje

Los conflictos laborales pueden clasificarse en:

* individuales: por intereses concretos de uno o varios trabajadores.

* colectivos: cuando el sindicato representa los intereses del grupo.

* de derecho, o interpretación de la ley vigente.

* de intereses o económicos, que tienden a la modificación de las normas.


En los conflictos individuales de trabajo relacionados con intereses subjetivos, la ley no está habilitada para someterlos obligatoriamente a la conciliación y al arbitraje que carezcan de revisión judicial. A la inversa, los conflictos colectivos pueden radicarse fuera de la órbita judicial.


4. La huelga

Constituye un movimiento colectivo, con abandono temporal del trabajo, ejercido en forma pacífica y por la libre decisión de la pluralidad de trabajadores de un gremio, después de agotar las vías conciliatorias dispuestas por ley y cuando no queda otro recurso para la defensa de los intereses en conflicto con la patronal o con el Estado.

Este derecho es operativo (ejercible aun sin ley reglamentaria), pero requiere la participación libre e individual del obrero que decide su adhesión. Su ejercicio no puede implicar actos de violencia ni delitos.

La huelga suspende los contratos individuales, pero no importa su ruptura. Si es declarada ilegal y media intimación patronal para la reanudación del trabajo, la actitud renuente configura causa justa de despido, sin pago de las retribuciones.


La Suprema Corte ha señalado pautas:

a) si bien la autoridad administrativa puede calificar la huelga durante su curso para encauzarla, tal calificación es revisable judicialmente al único efecto de decidir sus consecuencias en los conflictos individuales de trabajo;

b) en ejercicio de esa potestad revisora, los jueces pueden apartarse de la calificación administrativa ante el vicio de error grave o irrazonabilidad manifiesta;

c) los jueces deben necesariamente calificar dentro de esos cánones y con fundamentación suficiente la huelga para resolver los conflictos individuales;

d) en caso de no hacerlo, la sentencia es arbitraria;

e) la calificación judicial es imprescindible aunque no haya mediado la administrativa previamente.


5. Garantías a los representantes gremiales

Su fin es prohibir los impedimentos, persecuciones y represalias por las actividades sindicales. No pueden adoptarse medidas que afecten la seguridad o libertad de un trabajador, motivadas en su gestión sindical.

Dicha garantía no significa conceder fueros personales ni inmunidades especiales para los delegados.

 

 
C. TERCERA PARTE


1. Seguridad social integral e irrenunciable

Está referida a todos los habitantes del Estado.
Debe ser integral, asumir todas las contingencias y demandas vitales (ej: enfermedad, accidentes, invalidez, vejez, fallecimiento, protección a la infancia, protección contra el desempleo, jubilación, formación cultural, etc.).
Sus beneficios son irrenunciables, están por encima de la voluntad individual, porque el constituyente los ha investido del carácter de orden público.


2. Seguro social obligatorio

Es uno de los instrumentos para hacer efectiva dicha seguridad. Con las jubilaciones exclusivamente, el derecho argentino no cubre la totalidad de las contingencias sociales, de modo que obligatoriamente debe completarse el sistema con los seguros sociales para las que quedan desprotegidas. Vuelvo aquí con la idea inicial: cuando todo el aparato económico y financiero está orientado a beneficiar a unos pocos, ¿cómo pueden adoptarse medidas que favorezcan a la mayoría en un país donde la palabra proteccionismo está prohibida?

De los arts. 14bis; 75 incs. 12 y 18; 122 y 126 de la Constitución, surge que la Nación como las provincias tienen facultades concurrentes en materia de seguridad social, en acción concertada entre ellas. Se respeta así la autonomía provincial para administrar y gestionar dicho sistema dentro de su jurisdicción y de las materias que tiene facultad para regular.

La tesis de Bidart es la siguiente: a) si el congreso dicta un código de fondo, su unidad y su totalidad sistemáticas impiden que las provincias legislen sobre su materia, tanto de las instituciones incluídas en el código como de las no incluídas; b) si en vez de dictar dicho código el congreso legisla parcialmente sin unidad global algunas instituciones de la materia, las no legisladas suscitan la competencia temporal de las provincias para legislar las omitidas; c) este presupuesto se consolida cuando, tratándose de la ley que imperativamente se menciona en el art. 14bis., el congreso no la ha dictado ni bajo forma de código ni como legislación dispersa.


3. Jubilaciones y pensiones

Mientras el afiliado se encuentra en actividad, el derecho a su jubilación está "en expectativa". Se rige por las normas vigentes al tiempo de la cesación de servicios, y sólo tiene carácter de derecho "adquirido" cuando se encuentra firme el acto administrativo que inviste al interesado del status de jubilado.

Movilidad implica mantener el monto del beneficio proporcionado al costo de vida del momento.


4. Protección integral de la familia

Pretende promover a la familia a la jerarquía y dignidad de sociedad primaria. Ampararla, garantizarla y robustecerla en forma plena: material y moralmente.
Tanto la "defensa del bien de familia" como el "acceso a una vivienda digna" obligan al Estado a crear las condiciones económicas y los regímenes crediticios que permitan el ejercicio cierto del derecho natural a ser propietario, especialmente para aquéllos de menores recursos.

La "compensación económica familiar" se propone otorgar protección a los trabajadores en relación de dependencia que tengan cargas familiares (esposa, hijos, escolaridad,), o atraviesen situaciones especiales ( matrimonio, nacimientos, defunciones,).

Toda esta normativa viene a verse reafirmada en el texto constitucional luego de la reforma de 1994, que en el artículo 75 señala como facultad del congreso el legislar y promover medidas de acción positiva que garanticen la igualdad real de oportunidades y de trato, y el pleno goce y ejercicio de los derechos reconocidos por la Constitución y los tratados, en especial respecto de los niños, las mujeres, los ancianos y las personas con discapacidad; así como proveer lo conducente al desarrollo de la persona, tendiente al progreso económico con justicia social.