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CASO PINOCHET


Proceso contra el ex dictador chileno Pinochet en España


Seguimiento del caso desde el 02/08/99 al 11/11/99

El ex dictador chileno Augusto Pinochet, de 83 años, está detenido en Londres desde el 16 de octubre de 1998 por pedido del juez Baltasar Garzón a la Justicia británica, quien acusa a Pinochet de crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura que él encabezó entre 1973 y 1990.


Los Hechos
:


Año
1998

22/9. Pinochet llega a Londres.
16/10. El juez español Garzón inicia un proceso de extradición por delitos de genocidio, torturas y desapariciones durante la junta militar chilena (1973-1990). Pinochet es arrestado en una clínica de Londres.
28/10. La Alta Corte invalida el arresto. Considera a Pinochet beneficiario de la inmunidad como Jefe de Estado.Apelación del ministerio público.
04/11. Se examina la apelación.
25/11. La Cámara de los Lores rechaza acordar la inmunidad.
01/12. Pinochet es trasladado a una residencia londinense.
09/12. Jack Straw, ministro del interior británico, da luz verde a la transmisión del expediente de extradición a la Justicia.
10/12. La defensa apela al veredicto de los lores argumentando que uno de ellos, lord Hoffman, carecía de imparcialidad al tener vínculos con Amnesty Internacional.
11/12. Comparecencia de Pinochet ante un tribunal londinense.
17/12. El Comité de Apelación de la Cámara de los Lores rompe el juicio precedente.

 

Año 1999

18/01. Inicio del nuevo examen del caso en la Cámara de los Lores.
24/03. Se rechaza la inmunidad de Pinochet para 1988/1990. Los cargos se limitan a acusaciones de tortura y de conspiración para cometerla.
15/04. Jack Straw da luz verde a la continuación del proceso de extradición a España, a pesar de la disminución de los cargos.
06/05. Los abogados de Pinochet apelan ante la Alta Corte de Londres la decisión de Straw.
27/05. La Alta Corte rechaza la apelación.
04/06. El tribunal londinense de Straw fija el inicio de las audiencias de extradición para el 27/09.
10/07. El ministerio del interior británico continúa la acción legal contra Pinochet, a pesar de un informe médico alarmista transmitido por sus allegados.
18/07. Pinochet niega su rol en las violaciones de los derechos humanos durante su gobierno.
13/09. Es hospitalizado para un escáner cerebral.
14/09. España rechaza la petición de Chile de someter el caso a un arbitraje internacional.
22/09. Santiago de Chile envía un emisario a la Corte Internacional de Justicia de La Haya para presentar un recurso y lograr así la liberación de Pinochet.
23/09. Nuevos exámenes neurológicos a Pinochet.
24/09. Una corte de apelaciones española rechaza una petición de los fiscales del Estado para que se ordene la liberación de Pinochet.
27/09. Se inicia el proceso. El juez Garzón recibe documentación que acusa a Pinochet de poner en marcha, coordinar y participar en "Operación Cóndor", una organización de actividades represivas de las dictaduras latinoamericanas.
28/09. Acusan a Pinochet por 34 casos de tortura posteriores a 1988.
03/10. Chile prepara enviar un avión para llevar a Pinochet a Chile si la sentencia niega la extradición.
08/10. Se pronuncia la sentencia de extradición. La defensa apelará basada en la inmunidad como ex jefe de Estado. El proceso puede extenderse a dos años más.
15/10. Chile solicita que liberen a Pinochet por razones de salud o compasión humanitaria.
21/10. Se niega el pedido de Chile.
22/10. Se presenta la apelación ante la Corte.
18/11. Confirman embargo a Pinochet.

 

Preguntas y respuestas sobre el proceso al mes de setiembre de 1999:

Se decidirá si las leyes británicas permiten o no la extradición de Augusto Pinochet a España, en virtud de las denuncias presentadas contra el ex dictador por las autoridades judiciales españolas.

El proceso se inicia el 27/09/99 a las 10.30 – hora local - en la corte de Bow Street, en Londres.

Ronald Bartle, adjunto del titular de la Corte, Graham Parkinson, que desistió de ocuparse del caso. El juez Bartle de 70 años, fue candidato conservador al Parlamento en 1959, y en la actualidad integra una sociedad patriótica en la que la ex primera ministra Margaret Thatcher es vicepresidenta.

Si bien la ley no establece un plazo determinado, se cree que la vista durará cinco días, pero el juez podrá disponer de dos semanas más antes de emitir el fallo.

Si el Juez decide que Pinochet no es extraditable, el acusado quedará en libertad para volver a Chile. Si es extraditable, la defensa tiene tiene que pedir defensa para apelar. Otra posibilidaad es que en algún momento del proceso el ministro del Interior británico, Jack Straw, le permita regresar a su país por razones humanitarias.

Solamente tiene la obligación de comparecer cuando el magistrado dé lectura al fallo.

Los abogados Clive Nichols, Michael Caplan y Julian Knowles.

En representación de España, el equipo de la fiscalía británica (Crown Prosecution Service), integrado por Alun Jones y James Lewis.

En que el Juez español Baltasar Garzón, promotor de la petición de extradición, tiene documentados al menos 130 casos de torturas atribuibles al ex dictador, de los cuales más de un centenar tuvieron lugar entre 1988 y 1990. La limitación de los lores británicos a los casos posteriores a 1988 se debe a que el 8 de diciembre de ese año el Reino Unido ratificó la Convención Internacional contra la Tortura, y por lo tanto su jurisdicción rige desde ese momento.

En el argumento de que España no tiene jurisdicción sobre el caso porque los delitos que expondrá la fiscalía británica no se refieren a ningún ciudadano español.

El Ministro de Relaciones Exteriores de Chile, Juan Gabriel Valdés, anunció el día 16/09/99, que se replantearán todas las relaciones con España a raíz de la negativa de Madrid de someter a arbitraje la controversia sobre el proceso judicial a Augusto Pinochet y dijo que llevará el caso ante el Tribunal Internacional de La Haya en el momento que corresponda. El día 25/09/99, se pronunció sobre este tema en un discurso ante la Asamblea General de la ONU, afirmando la postura de su país: Chile es capaz de castigar a los violadores de derechos humanos y no necesita ayuda de terceros países para eso. Dice que el genocidio y la violación masiva de los derechos humanos están destinados a convertirse en objetivo de tribunales internacionales y que Chile alienta esta tendencia; sin embargo el problema que se plantea ahora es que se hallan en una etapa de transición en el proceso de globalización de la Justicia, una etapa en que las normas de jurisdicción no son claras y están sometidas a múltiples interpretaciones, incluyendo las más arbitrarias. Valdés dijo que él comprendería si la comunidad internacional tratase de administrar justicia en naciones donde no existe el Estado de Derecho o donde persisten las violaciones de los derechos humanos más fundamentales, pero en un Estado democrático de Derecho, la tarea de hacer justicia debe ser emprendida por el propio país afectado. El gobierno de Chile considera altamente indeseable que jueces de otros países reclamen competencias para intervenir directamente en el proceso. Una opinión diferente del mismo país corresponde a la abogada Pamela Pereira, ex presidenta de la Federación Latinoamericana de Familiares de Desaparecidos ( Fedefam) que rechazó esta tesis; considera que no hay ningún atentado a la soberanía, Chile es parte de un orden internacional y es correcto que en los crímenes contra la humanidad operen los instrumentos jurídicos que la comunidad mundial se ha dado. Por otro lado, siete víctimas de la dictadura chilena formalizaron el 22/09/99, en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo, la demanda contra Gran Bretaña que habían anunciado en abril de 1999. Estas personas consideran que la decisión de los lores británicos de limitar la extradición de Pinochet a delitos posteriores al 08/12/88 implica la impunidad del ex dictador por delitos anteriores a esa fecha. La teoría me explica que la responsabilidad internacional del Estado se puede configurar por la lesión directa de los derechos ( humanos en este caso) de otro Estado o por un acto u omisión ilícita que cause daños a un extranjero. Se establece una relación entre el Estado al cual el acto es imputable – que debe responder con una reparación adecuada - y el Estado que tiene el derecho de reclamar la reparación por el incumplimiento de la obligación. Los elementos esenciales que se deben dar son: 1. Acto u omisión que viole la obligación establecida por una norma de Derecho Internacional que esté vigente entre ambos Estados involucrados; 2. Este acto ilícito se le debe imputar al Estado como persona jurídica; 3. El daño que se debe haber producido por este acto ilícito. El daño sufrido por un Estado es siempre el elemento que autoriza a un Estado a reclamar contra el cual le causó dicho daño y lo autoriza a pedirle la reparación correspondiente. Analogía de por medio aplico todo lo anterior al ex dictador Pinochet, quien sería como individuo, un sujeto de Derecho Internacional. Gran Bretaña y Chile son parte de la Convención Internacional sobre Tortura, si bien Gran Bretaña es parte desde Diciembre de 1988 y Pinochet cometió estos actos antes de esta fecha, a mi criterio resulta irrelevante; las normas que regulan los delitos de lesa humanidad son consideradas normas del ius cogens internacional, lo que significa que son normas imperativas y no pueden ser obviadas por los Estados, no son normas dispositivas. El hecho de que los ordenamientos jurídicos internos de esos países contengan los principios generales de nulla pena nulla crimen sine lege y la jurisdicción territorial en materia penal, no lo justifico relevante para resolver este caso porque son sujetos de la Comunidad Internacional y como tales se deben a ella, sus actos generan responsabilidad internacional. No pueden dejar de cumplir una norma de Derecho Internacional utilizando como fundamento una norma de Derecho Interno. Las partes no pueden renunciar a todos aquellos tratados, convenciones o normas que se refieran a la protección de los derechos humanos, son ius cogens . Pinochet puede ser juzgado por un Estado de Derecho, Gobierno/Organismo Internacional y no por su propio país en razón de una norma consuetudinaria de Derecho Internacional, por ser Chile parte de la Comunidad Internacional y por tratarse de delitos de lesa humanidad. Las normas dentro del plano del Derecho Interno mientras excedan o se interpongan sobre las de Derecho Internacional son nulas, si son moderadas y no exceden o no transgreden son aceptadas. Frente a las jerarquías de las normas siempre se discutieron dos posturas, la antigua que es la monista : cuando se dirige al Derecho ya sea Interno como Internacional habla de un solo ordenamiento jurídico, éste estará integrado por dos planos, el plano Nacional o Interno y el plano del Derecho Internacional. Hay monistas que desarrollaban la teoría con una jerarquía mayor para el Interno, a lo que el artículo 27 de la Convención de Viena (1969) objeta, estipula la superioridad del Derecho Internacional sobre el Interno. Otros hablaban de un solo orden pero el Internacional estaba sobre el Interno. En cambio para la teoría dualista existen dos ordenamientos jurídicos diferentes entre sí, independientes. Es necesario normas que internalicen a los tratados para así unirlos, el Derecho Internacional debe ser incorporado al Interno por normas que lo regulen dentro del ordenamiento. La jerarquía la establece el derecho Interno (Artículo 31 CN), hace falta una ley que regule la norma internacional para hacerla operativa. Existe una tercera postura: ecléctica o monismo moderado, donde se halla un solo ordenamiento jurídico pero con dos subsistemas: uno interno y otro internacional.

Cuando existen controversias entre Estados, es decir desacuerdos o una situación de tensión donde el objeto no está claro para dirimir, como en este caso, que existen oposición de tesis jurídicas e intereses, se pueden aplicar medios jurídicos o políticos tendientes a resolver el problema. El artículo 33 de la Carta detalla la numeración de medios, 1. "Las partes en una controversia cuya continuación sea susceptible de poner en peligro el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales tratarán de buscar solución, ante todo, mediante la negociación, la investigación, la mediación, la conciliación, el arbitraje, el arreglo judicial, el recurso a organismos o acuerdos regionales u otros medios pacíficos a su elección".

Se da así la obligación de recurrir a la solución pacífica de la controversia. Los Estados tienen la facultad de elegir los medios siempre y cuando sean pacíficos, éste es su único límite: no recurrir al uso de la fuerza – norma de ius cogens -. Los Estados partes en una controversia internacional, así como los demás Estados, se abstendrán de toda medida que pueda agravar la situación de modo que ponga en peligro el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales, y obrarán en conformidaad con los propósitos y principios de las Naciones Unidas. El arreglo de las controversias internacionales se basará en la igualdad soberana de los Estados y se hará conforme al principio de libre elección de los medios. El recurso a un procedimiento aceptado libremente por los Estados, o la aceptación de tal procedimiento, con respecto a las controversias existentes o futuras en que sean partes, no se considerará incompatible con la igualdad soberana.

La Justicia española confirmó el 18/11/99 el embargo, bloqueo y depósito de todos los saldos que el ex dictador pudiera tener en cualquier cuenta bancaria, directamente o a través de terceras personas y los miembros de su familia en cualquier país. Frente al recurso de queja presentado por el fiscal frente a esta decisión, la Sala Penal de la Audiencia Nacional (firmado por la magistrada Angela Murillo) recuerda que el embargo y el bloqueo de cuentas son " medidas previstas en los artículos 589 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal ". El embargo es una medida cautelar de naturaleza real que tiende a asegurar las eventuales responsabilidades a las que pudiera ser condenado.