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TRABAJO PRÁCTICO 1

COMISIÓN
7731

PROFESORES
------------ Dr. AGUSTÍN VALOTTA ------------
------------- Dr. GONZALO TAFEL -------------

 TEMAS
"EL DEBIDO PROCESO LEGAL"
"AUTOINCRIMINACIÓN"
"SUJETO Y OBJETO DE LA PRUEBA"

INTEGRANTES:
ELIZONDO, RICARDO
GALLO, CAROLINA
GIOSFRE, CECILIA
OCAÑA, VALERIA


Indice
(Haga click sobre el tema que le interesa)

Introducción 3

Garantías analizadas:

Normas generales analizadas

Análisis jerárquico de las garantías tratadas

Índice de fallos

Bibliografía


Introducción

La potestad que tiene el Estado de imponer una sanción al delincuente, debe ejercerla mediante la realización previa de un proceso, en el cual se juzgue el comportamiento del presunto responsable.

El principio nulla poena sine culpa, en cuya virtud nadie puede ser castigado si no es culpable, determina que en todos los casos será necesario verificar la culpabilidad del imputado, mediante la sustanciación del juicio penal.

En consecuencia, el fundamento del Derecho procesal penal, es el deber del Estado de garantizar la realización de justicia a los ciudadanos, lo que se corresponde a la idea de estado de derecho.

La administración de justicia logra la más acabada materialización del ideal de justicia en la sentencia, pues permite obtener un efecto positivo en la vida social, que se había visto alterada por la comisión del delito.

Sin proceso no podrían lograrse los fines de la pena.

Veremos que los principios constitucionales actúan como reguladores de la actividad procesal, garantizando tanto el interés colectivo como individual.

Tales principios son la igualdad ante la ley, supresión de fueros y privilegios, juicio previo (legalidad procesal), defensa en juicio, Juez natural, non bis in ídem, el principio de inocencia y arresto por autoridad competente. Todos ellos nombrados implícita o explícitamente en los art. 16 y 18 de la Constitución Nacional.

 

A continuación, durante el cuerpo del trabajo, trataremos las siguientes garantías:

Estas garantías son el conjunto que conforma la garantía "madre", del "debido proceso".



Non Bis in Idem
( inadmisibilidad de la persecución penal múltiple)

Esta garantía no aparece en forma explícita en nuestra Constitución. La misma puede ser considerada como una derivación del principio de la inviolabilidad de la defensa contenido en el art. 18 de la Constitución. En cambio en los tratados internacionales, especialmente el "Pacto de San José de Costa Rica" art. n º 8.4 y el "Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos" art. n º 14 en donde dicen que ninguna persona puede ser sometida a proceso, cuando haya sido absuelto por sentencia firme y respetuosa de la ley de procedimiento de cada país, así como también las constituciones provinciales preveen este principio entre las garantías que rigen el proceso penal.

Queda claro, entonces, que el Estado no puede someter a proceso a un imputado dos veces por el mismo hecho en forma sucesiva o simultánea, solo puede ser sometido a un segundo proceso si el objeto de este último consiste en revisar la sentencia condenatoria del primero para determinar si es admisible una revocación de esa condena y una absolución.

Hay tres requisitos con respecto a la garantía:

1- Se debe tratar de la misma persona.

2- Se debe tratar de mismo hecho.

3- Debe tratarse del mismo motivo de persecución.

La primera siempre la cosa juzgada tiene referencia a una persona que ha sido involucrada. Se ha discutido, si la desestimación que puede ocurrir cuando todavía no se ha individualizado el imputado, se puede producir un efecto "erga omnes", lo que ocurre es que la desestimación produce el rechazo, por inadmisible, de una denuncia que puede ser admitida nuevamente si se modifican las condiciones por las que antes fue rechazada.

Por lo tanto un nuevo proceso, dirigido contra un nuevo cómplice o contra una persona determinada, resultaría plenamente admisible.

En la segunda, la necesaria identidad de los hechos, en realidad son aquellos en que se basan los procesos penales y que tienen algún tipo de significado jurídico. La exigencia de "eadem res", significa que debe existir correspondencia entre las hipótesis que fundan los procesos en cuestión. Existe una excepción a este principio, por ejemplo un mismo hecho puede encuadrarse dentro de un delito de acción pública y al mismo tiempo dentro de la acción privada. Estos dos tipos de proceso, que responden a dos tipos diferentes de acción, no se pueden acumular; en este caso se puede tramitar simultáneamente o sucesivamente, dos procesos basados en los mismos hechos. Sin embargo, existe un mecanismo procesal que permite el dictado de una condena única o unificación de las penas, restaurando así la necesaria unidad del proceso que no pudo realizarse debido a la vigencia de reglas diferentes para cada tipo de acción.

Todos los procesos que buscan una sanción, tienen en última instancia, la misma causa pretendi. Y tratándose de la misma hipótesis fáctica comienza a operar el principio de non bis in ídem.

Uno de los problemas que se plantea a esto, es que no existen criterios racionales muy claros para determinar cuando se conserva la estructura básica del hecho, la solución a esos casos es valorativa, es decir, en aquellos casos en los que se ha ejercido el poder penal con suficiente intensidad, y además ha existido la posibilidad de completar adecuadamente la descripción del hecho; la entidad del hecho debe ser comprendida del modo más amplio posible.

En resumen, para la determinación de la identidad del hecho, es imprescindible remitirse a su significado jurídico.

Solo cuando claramente se trate de hechos diferentes será admisible una nueva persecución penal.

La tercera correspondencia, es que debe tratarse de un mismo motivo de persecución, la misma razón jurídica y política de persecución penal, el mismo objetivo final del proceso. Serán diferentes los motivos del proceso si se procura la reparación de un daño (civil), que si se pretende la sanción del causante (penal).

El principio de non bis in ídem tiene efectos muy concretos, el primero es la imposibilidad de revisar una sentencia firme en contra del imputado, cuando ha sido absuelto, no puede ser condenado en un segundo juicio, y si fue condenado no se lo puede condenar más gravemente, solo se efectúa la revisión a favor del imputado.

La segunda consiste en dar fundamento a lo que se denomina la excepción de littis pendencia, como una persona no puede estar sometida a dos procesos por el mismo hecho y el mismo motivo existe una excepción o defensa anticipada, cuya finalidad es la unificación de los procesos o la suspensión del proceso llevado adelante contra ese principio, dicha excepción, el imputado puede interponerla en cualquier etapa del proceso desde los propios inicios



Principios que limitan la facultad del Estado para recolectar información

El juicio es la etapa principal del proceso y en el se encuentran las garantías procesales, por lo tanto es lógico que el Estado tenga la posibilidad de preparar el juicio, es decir, analizar un conjunto de actividades, muchas de ellas orientadas a la búsqueda de información para poder fundamentar la acusación y poder presentar las pruebas en el juicio.

La principal de las etapas preparatorias consiste en la investigación que permitirá fundar la acusación que abre el juicio. El hecho de que las garantías procesales básicas cumplan su papel primordialmente durante la etapa del juicio, no significa que tengan ejecución durante la etapa preparatoria. Por lo tanto, el carácter protector de las garantías debe actuar desde el comienzo del proceso.

En consecuencia, existe un grupo de garantías específicas cuya finalidad consiste en limitar la posibilidad que el Estado tiene de recolectar información. En la práctica del proceso penal, es frecuente que no se repare en los medios para averiguar la verdad, la investigación se convierte en una especie de campo minado, con la intención de trabar al imputado y provocar su confesión.

El proceso penal no debe abandonar la particular relación que lo liga al tema de la verdad, pero tampoco debe obstaculizarla. La consecuencia más importante y directa de estas limitaciones que restringen el acceso del proceso penal a la verdad histórica es la limitación y formalización de canales de acceso de la información al proceso. Estas limitaciones pueden afectar en distintos niveles:

Todo esto demuestra que el proceso penal no esta abierto a la información en forma indiscriminada con tal de acercarse a la verdad, sino que solo admite ciertos canales preestablecidos y relativamente rígidos para el acceso de información



Auto incriminación

El artículo 18 de la Constitución Nacional establece que "... nadie puede ser obligado a declarar contra si mismo."

Se halla contemplada esta garantía, también en la Carta Magna de los Estados Unidos. 

 

Declaraciones bajo juramento

Esta garantía se vería afectada al exigir juramento al imputado a quien se va a interrogar ya que esto constituiría una manera de obligarle a declarar en su contra.

Toda declaración de quien es juzgado por delitos, faltas o contravenciones, debe emanar de la libre voluntad del encausado, quien no debe verse siquiera enfrentado con un problema de conciencia, cual sería colocarlo en la disyuntiva de faltar a su juramento o decir la verdad. ( fallo Mendoza, CSJN, 1:350)

 

Identificación en rueda de presos e intimación a entregar documentación.

Una vez establecida la garantía el enfoque pase a ser su alcance.

En Estados Unidos el alcance de esta garantía se refiere a las "comunicaciones verbales" del acusado, y no abarca cosas tales como pedirle que camine de determinada manera, se preste a abstracción de huellas digitales, identificación de su mano hábil, obtención de un mechón de pelo, etc.

La jurisprudencia argentina permite la intimación al acusado a la entrega de documentación relativa a las operaciones tildadas de defraudatorias por parte del Juez de Instrucción. ( fallo CSJN, 249:530)

 

Testigo que declara falsamente para no incriminarse

Diversos Tribunales Inferiores han sentado el criterio de que la garantía de no ser obligado a declarar contra uno mismo protege al testigo que declare falsamente a fin de no incriminarse. Si de las preguntas formuladas en juicio puede derivar responsabilidad personal para el testigo, ha de entenderse que declara en causa propia y por lo tanto no le es exigible la verdad de los hechos mencionados en el interrogatorio.

 

Exhortación al imputado a decir la verdad.

Lo que la Constitución rechaza es cualquier intento de obligar a un imputado a declarar en su contra y que la declaración de quien es juzgado por delitos, faltas o contravenciones, debe emanar de la libre voluntad del encausado.

Le debe quedar claro al acusado que no tiene ninguna obligación de declarar, que no hacerlo no perjudica sus posteriores chances de demostrar su inocencia, y que esa negativa tampoco afecta otros derechos suyos tales como, por ejemplo, la obtención de una excarcelación.

Por ello, la opinión de la doctrina sostiene que sería de suma importancia el reconocimiento constitucional del presente derecho del imputado.

 

 No hacerle saber al imputado su derecho a negarse a declarar

Actualmente, al parecer, lo constitucionalmente exigible es que se le brinde al imputado la posibilidad de "oponerse" al acto, sin que exista obligación ninguna de comunicarle que él goza de ese derecho.

 

La garantía en al ámbito extrajudicial

Las declaraciones policiales "espontáneas"

En el código vigente, art. 286, se consagra la obligación del policía que ha practicado una detención sin orden judicial, de presentar al detenido inmediatamente en un plazo que no exceda las seis horas ante la autoridad judicial competente.

Sin embargo sería ingenuo negar que pese a ésta aparente intención del legislador, la policía desarrolló durante muchísimos años la costumbre de tomar declaración a las personas detenidas, llamadas "declaraciones espontáneas", las cuales debido a la estricta privacidad, resulta imposible determinar el grado de "espontaneidad".

En el caso Montenegro, la defensa interpuso contra la sentencia condenatoria un recurso extraordinario, el cual fue admitido por la Corte afirmando que la discusión sobre la validez de una confesión extrajudicial obtenida mediante apremios ilegales, constituía una cuestión federal. El Alto Tribunal anuló la condena impuesta y ordenó a la Cámara el dictado de un nuevo pronunciamiento que prescindiera de tomar como elemento de cargo esa confesión inválida.

Esta exclusión de la confesión de Montenegro significó el escalón inicial sobre el que por años después apoyaría la Corte su doctrina de invalidación de prueba obtenida como consecuencia de un allanamiento ilegal, aun cuando hubieren prestado utilidad para la investigación.

El Código Procesal Penal opta por una solución drástica. Su artículo 184 establece que:

"Los funcionarios de la Policía... no podrán recibir declaración al imputado. Solo podrán dirigirle preguntas para constatar su identidad, previa lectura que en ese caso se le dará en alta voz de los derechos y garantías..."

Para evitar caer en la violación de esta garantía , cuando la policía ha detenido a un individuo, solo deberíamos aceptar como válidos los dichos incriminatorios del detenido bajo la órbita policial a condición de que:

Son la obtención de huellas dactilares, un mechón de pelo del acusado, o la extracción de sangre de su cuerpo violaciones a esta garantía?

El caso "Aranguren" se pronuncia a favor de la licitud de estos procedimientos. Alega que el procesado está sujeto a la revisada corporal de modo "activo" aun contra su voluntad si es realizado por persona idónea y no presenta peligro para su persona.

Un límite razonable al alcance de esta garantía respecto a este punto serían las "comunicaciones verbales" del acusado, dejando fuera los supuestos de las requisas corporales.



Juicio Previo

El art. 18 de la Constitución Nacional establece que ningún habitante de la Nación puede ser penado sin juicio previo fundado en ley anterior al hecho del proceso. Si bien se trata de una disposición que generalmente ha sido relacionada exclusivamente con el proceso penal, entendemos que ella es aplicable a todo tipo de proceso judicial en donde se analiza la restricción y limitación de los derechos de una persona, aunque no revista naturaleza criminal.

Así es, en todos los casos, cualquiera sea la naturaleza jurídica de la relación social conflictiva, es indispensable un juicio previo fundado en ley para hacer efectiva una restricción o limitación de los derechos constitucionales del hombre.

Todo acto generado por una exigencia estatal o particular por el cual se concrete en forma definitiva una restricción para las libertades constitucionales del hombre y con referencia a un caso concreto, debe estar fundado en ley y dispuesto en el curso de un juicio previo o, al menos, tener la posibilidad de someter su revisión a la autoridad de un magistrado judicial y en un proceso judicial.

La garantía del juicio previo evita el ejercicio abusivo de los derechos, los excesos del poder y la arbitrariedad en la solución de las controversias. Toda persona a la cual se pretende privar de alguno de sus derechos o de limitar sus contenidos, tiene la potestad inviolable de exigir que tales pretensiones se materialicen en un proceso judicial. Una restricción definitiva para las libertades sólo puede ser dispuesta por un juez competente dentro de un proceso judicial y sobre la base de una ley anterior.


 
Irretroactividad de la ley penal

Conforme al precepto constitucional, nadie puede ser sancionado penalmente por la comisión de un hecho delictivo si al tiempo de su producción no estaba tipificado como tal por una ley del Congreso. Asimismo, la pena aplicable debe ser la contemplada por la ley anterior al hecho y no la contenida en una norma posterior.

Estos principios están regulados por el Código Penal. En su artículo 2º dispone.

‘Si la ley vigente al tiempo de cometerse el delito fuere distinta de la que existía al pronunciarse el fallo o en el tiempo intermedio, se aplicará siempre la más benigna. Si durante la condena se dictare una ley más benigna, la pena se limitará a la establecida por la ley’.

En todos los casos del presente artículo. Los efectos de la nueva ley se operarán de pleno derecho.

A su vez el art. 3º establece que en el cómputo de la prisión preventiva se observará separadamente la ley más favorable al procesado.

La Corte Suprema de Justicia Nacional, efectuando una distinción entre las normas constitucionales y las contenidas en el Código Penal, ha establecido que el principio de la irretroactividad de la ley penal es absoluto y de naturaleza constitucional.

En cambio, el principio de la aplicación de la ley penal más benigna posterior al hecho delictivo es de naturaleza legal y no constitucional, pudiendo ser dejado sin efecto por una ley general o especial.

No compartimos esta última conclusión por entender que la aplicación de la ley penal más benigna posterior al hecho delictivo no tenía solamente fundamento legal sino constitucional, por estar contenida en tratados internacionales sobre derechos humanos mencionados en el artículo 75 inciso 22 de la Constitución.

Así, el art. 9 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece que, si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el delincuente se beneficiará de ello.

Cláusula similar está contenida en el art. 15 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

 

Conforme a estos principios, cabe efectuar la siguiente sistematización :

  1. La ley que establece un delito no es aplicable a los hechos producidos antes de su entrada en vigencia.

  2. Las penas más severas establecidas por ley no son aplicables a los hechos producidos antes de su entrada en vigencia. (art. 18 CN)

  3. La ley nueva que priva de su carácter delictivo a un hecho tipificado por una ley anterior, es aplicable con efecto retroactivo por tratarse de la norma más benigna, siendo aplicables a las causas pendientes, a las penas pendientes de cumplimiento en las causas concluidas y a las causas pendientes de iniciación.

  4. La ley nueva que establece penas más benignas que una ley anterior, es aplicable con efecto retroactivo a las causas pendientes y a las penas pendientes de cumplimiento en las causas concluidas.

Habrá entonces retroactividad de la ley penal más benigna y ultra-actividad de la ley penal más benigna. Se consagra el principio de la benignidad de la ley penal, considerando que no es necesario para le defensa de la sociedad mantener bajo pena más gravosa determinado tipo de conducta. De modo que en beneficio de la libertad, y no para restringirla en cuyo caso sí es aceptable la aplicación retroactiva de la ley penal más benigna.

Se plantea una situación particular con las leyes penales temporarias, que son aquellas que preveen su vigencia durante un lapso determinado en la norma. La ley penal temporaria no puede ser retroactiva, en virtud de lo dispuesto por el artículo 18 de la Constitución. Sin embargo, se ha entendido que a su respecto no rige el principio de la benignidad de la ley penal, sí ella prevee su ultra-actividad para hechos cometidos durante su vigencia y juzgados con posterioridad a su derogación automática.



Irretroactividad de la ley procesal

Las leyes procesales que regulan la organización judicial y el procedimiento que se debe seguir en el curso de los procesos judiciales, son normas de orden público cuya aplicación se opera a partir del momento de su entrada en vigencia y sobre relaciones procesales no concluidas hasta ese momento.

La aplicación de las nuevas normas procesales a las instancias no concluidas de un proceso judicial iniciado con anterioridad, no importa asignarles efectos retroactivos a aquellas en la medida que no alteren las posiciones procesales concluidas y, el principio de la cosa juzgada. Sistematizando las diversas situaciones que se pueden presentar con motivo de la aplicación retroactiva de una ley especial, cabe sostener :



Inviolabilidad de la defensa en juicio

El art. 18 de la Constitución Nacional establece que es inviolable la defensa en juicio de la persona y de los derechos. Consagra así la garantía de la inviolabilidad de la defensa en juicio, que consiste en la facultad reconocida a toda persona para ejecutar, o solicitar la ejecución, de todos aquellos actos razonablemente necesarios o convenientes para participar en el proceso, ser oído por el juez, producir las pruebas que hacen a su derecho y obtener una respuesta justa con arreglo a la ley.

Esta garantía no es absoluta en cuanto a los medios, formas y plazos en que puede ser ejercida. Ella debe estar sujeta a una razonable reglamentación, porque si cada uno pudiera invocarla en juicio, porque sí, se caería en la anarquía procesal, en la desnaturalización de la garantía del debido proceso, y se privaría de efectividad a la administración de justicia.

La garantía de inviolabilidad de defensa en juicio si no es ejercida por voluntad o negligencia de la persona de cuya protección se trata, la omisión no puede acarrear la nulidad de los procedimientos judiciales realizados, ni retrotraer el estado procesal del juicio. No puede ser suplida por el juez, ya que alteraría el equilibrio procesal de los litigantes y en desmedro del derecho de defensa de la contraparte generando una desigualdad arbitraria que no se compare con el art. 16 de la Constitución Nacional.

Uno de los principios que garantiza adecuadamente la vigencia de la inviolabilidad de la defensa en juicio es el que impone obligatoriamente la asistencia letrada de las partes en un proceso judicial, llegando a imponer al Estado él deber de ofrecer un patrocinio gratuito a todos aquellos que no designan a sus letrados. Otro tanto acontece con el principio de la rapidez razonable del proceso, ya que su dilación injustificada, además de pervertir la seguridad jurídica, desnaturaliza la eficiencia de la garantía de defensa en juicio y de la función jurisdiccional del Estado.

Ambos principios están establecidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos (art. 18) y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (art. 14).

En síntesis, esta garantía requiere que se otorgue a los interesados la oportunidad adecuada y razonable para ser oídos por el juez, de producir y presentar sus cargos y descargos, demandas y contestaciones, de ofrecer y producir todas las medidas de prueba autorizadas por la ley dentro de los plazos y con las modalidades por ella exigidas, de sustanciar los recursos previstos por la ley, de contar con los medios coercitivos que permitan la producción de ciertas pruebas y que todas esas constancias resulten debidamente valoradas por el juez en su sentencia. Asimismo, la garantía se cumple si los jueces se ciñen al objeto del litigio y a las pretensiones de las partes, asegurando la necesaria primacía de la verdad jurídica objetiva por sobre todo.



Derecho a contar con un abogado defensor

Esta garantía no está redactada directamente en la Constitución Nacional. Se halla implícita dentro del principio de inviolabilidad de la defensa, en el artículo 18 de la misma.

Algunas reglas generales fueron enunciadas en el caso "Rojas Molina".

El juez podrá entonces imponer al acusado un abogado, contra su voluntad, si su autodefensa obstaculizara la buena tramitación de la causa.

En un principio la Corte entendió que la obligación de los tribunales a nombrarle defensor a quien no lo tuviere no se aplica a instancias extraordinarias ("Mendez")

Sienta un criterio diferente al arriba mencionado el reciente caso "Gordillo", donde el abogado nombrado en segunda instancia se presentó ante la Alzada manifestando que no hubo tiempo material para preparar la defensa, el tribunal revocó la designación del abogado y Gordillo interpuso el recurso extraordinario federal.

La Corte entendió que el tribunal debió darle al abogado la posibilidad real traducida en tiempo suficiente a organizar la defensa, o haberlo reemplazarlo por otro. La omisión de cumplir éstas opciones constituye una violación al derecho de defensa.

 

Límites

Los límites de esta garantía surgen ante los civiles juzgados por tribunales militares, donde éste derecho desaparece. Este criterio es fuertemente cuestionado.

Otro límite también discutido es el de declaración ante autoridad policial sin asistencia letrada habiéndole informado al imputado su derecho a oponer defensas y presentar descargos en ese acto.

Ligado a esta situación se encuentra la de la incomunicación de los detenidos debido a que el tiempo de incomunicación no es apenas momentáneo. Pueden transcurrir de cuatro a cinco días.

El nuevo Código Procesal Penal señala que la incomunicación no impedirá que el imputado se contacte con su defensor antes de realizar cualquier acto de intervención personal, como por ejemplo ; declarar.

Cabe mencionar que esta garantía no es de cumplimiento formal sino efectivo. El Alto Tribunal se pronunció al respecto en el caso "Rojas Molinas"

"... Se han violado reglas esenciales del procedimiento ; el acusado ha sido condenado sin ser oído, puesto que el defensor que se le designó no ha dicho una sola palabra en defensa del acusado... Toda la estructura del Código de Procedimientos demuestra la necesidad de una defensa efectiva".

Si se presenta el caso donde el acusado y su defensor no están de acuerdo, en principio la voluntad del procesado es la suprema. Sentó éste precedente el caso "Mac Leod"

Paralelamente los tribunales deben arbitrar los medios para que la voluntad del acusado de recurrir una sentencia se cumpla ( caso "López").

Ese respeto a la voluntad tiene límites arriba mencionados : el Estado puede imponerle al procesado un abogado aun contra su voluntad, tanto en primera, como en segunda instancia, supliendo incluso la negligencia del letrado designado.



Derecho a exclusión de la prueba obtenida ilegalmente

Para nuestro sistema jurídico los medios de prueba obtenidos en violación a garantías constitucionales no son admisibles como prueba de cargo.

La fundamentación a este criterio se basa en que aceptar una prueba obtenida en violación a estas garantías equivale a otorgar valor al resultado de un delito y a comprometer la buena administración de Justicia.

Los tres primeros casos que dieron solidez a esta garantía son : "Charles Hermanos" , "Montenegro" y "Fiorentino".

En los tres, la policía obtuvo pruebas de la comisión del delito a partir de procedimientos con violación de preceptos de jerarquía constitucional.

En "Charles Hermanos" y "Fiorentino" a través de un allanamiento ilegal. En el caso "Montenegro" por medio de una confesión bajo tortura.

Gracias a estas pruebas se corroboró la comisión del delito cometido por los acusados. Sin embargo la Corte Suprema excluyó del procedimiento estas pruebas. Su fundamento fue de carácter ético.

La garantía del "Debido Proceso" y la de "Juicio Previo" se verían menoscabadas si se permite que se utilice en contra de un individuo pruebas obtenidas en violación a sus derechos básicos.

La crítica que recibe esta garantía es que entorpece la acción de Justicia descalificando pruebas concluyentes en la comisión de un delito.

 

Alcances

La doctrina del "Fruto del árbol venenoso" nace en Estados Unidos. Es aplicada en nuestro país.

Esta teoría nos indica que si el procedimiento inicial es violatorio de garantías constitucionales, tal ilegalidad se proyecta a todos aquellos actos que son su consecuencia y que se ven así alcanzados o teñidos por la misma ilegalidad.

Resultan inadmisibles las pruebas directas de la ilegalidad así como también las indirectas, "fruto" de la ilegalidad originaria.

En la Argentina las aguas con respecto a esta teoría están divididas.

Se puede anular todo el procedimiento por culpa de la obtención de la prueba ilegal, o sólo los frutos ilegales de esa prueba ilegal.

Estamos hablando de una interpretación limitada de esta teoría si en un procedimiento donde una prueba es obtenida ilegalmente y se ha llegado al imputado a través de ella ; pero a su vez también se ha podido, o pudo haberse podido llegar a él por otro medio independiente de esa prueba "venenosa". (caso "Losada" ).

Por otro lado, estamos en presencia de una interpretación amplia de esta misma teoría si en un procedimiento donde una prueba es obtenida ilegalmente, cae todo el procedimiento. Este es caso dominante. ( caso "G.E.J.M.")

Otro alcance es la invocación de esta garantía por terceros, gracias al fallo "Rayford y otros".

Este es el caso donde, por ejemplo, en el procedimiento inicial se obtiene una prueba mediante tortura y se llega a un tercer implicado en la comisión del delito. Este tiene la facultad de invocar esta garantía.

 

Excepciones

Las excepciones a esta garantía son :



Inviolabilidad del domicilio y los registros privados

El artículo 18 de nuestra constitución nacional establece que el domicilio es inviolable, como también la correspondencia epistolar y los papeles privados; y una ley determinara en qué casos y con qué justificativos podrá procederse a su allanamiento y ocupación.

Esta garantía constitucional tiene como objetivo proteger al individuo contra la búsqueda de información concerniente al ámbito privado sin una autorización expresa por parte de juez.

Es importante destacar que el vocablo domicilio, debe ser interpretado en forma extensiva y debe entenderse por tal, tanto a la vivienda particular, como así también al ámbito donde se desarrollan las actividades comerciales o profesionales inherentes a la actividad personal regular.

La búsqueda de información en los anteriormente mencionados ámbitos privados, solo es admisible ante la presencia de una orden de allanamiento o registro en la cual se encuentre precisado el lugar que será objeto del registro y lo que se desea encontrar.

Las excepciones a esta garantía acontecen en los casos en que la situación o riesgo de muerte amerite en el ingreso de la autoridad a un domicilio privado sin la orden correspondiente.

Con respecto al allanamiento de lugares públicos existe un régimen especial cuando este se produzca dentro de los horarios en que el publico concurra a dichos lugares. Pero es importante destacar que la excepción no incluye la facultad de registrar a las personas que se encuentren allí.

En el eventual caso de que se necesite buscar algo sin efectuar interferencia en las actividades regulares de las personas y en los casos en que no se afecte la intimidad de las mismas, la autoridad no necesitará contar con la mencionada orden.

No debemos olvidar la protección de esta garantía con respecto a la correspondencia y documentos privados, los cuales no son susceptibles de ser examinados sin una orden expresa del juez.

Se encuentran protegidos por esta garantía las cartas, documentos, comunicaciones telefónicas, faxes y registros informáticos.

Tampoco pueden ser utilizadas en proceso penal las comunicaciones entre el abogado defensor y el imputado ya que se estaría impidiendo el derecho de defensa del imputado.

Por consiguiente, de lo precedentemente expuesto, se desprende la inadmisibilidad del allanamiento del domicilio o de documentos privados en el proceso penal llevado a cabo.



Principio de inocencia o de no culpabilidad

El artículo18 de nuestra Constitución Nacional establece entre otras garantías, que ningún habitante de la Nación puede ser penado sin juicio previo fundado en ley anterior al hecho del proceso.

Del citado mandato constitucional, se desprende que ningún individuo debe ser calificado como culpable sin una sentencia que lo declare como tal, la cual debe ser el resultado de un proceso judicial acorde y adecuado a las disposiciones legales.

Por consiguiente toda persona es inocente y de dicha forma debe ser considerado y tratado por el Estado y por la sociedad hasta tanto no sea declarada su culpabilidad en un debido proceso judicial.

Todas las garantías expuestas por el artículo 18 de la Constitución Nacional y el principio de inocencia, actúan como derechos que auxilian a las personas contra eventuales abusos de poder.

La importancia de este principio es fundamental para prevenir situaciones tales como las planteadas por ciertas tendencias procesales un tanto autoritarias, las cuales no admitían la validez de este principio, principalmente con respecto a determinados imputados considerados peligrosos o reincidentes.

Como se mencionó con anterioridad, todo individuo es inocente hasta tanto una sentencia judicial declare su culpabilidad. Pero dicha declaración debe ser fundada, de acuerdo con las exigencias republicanas y principios de Justicia. En la situación hipotética de la inexistencia de la mencionada fundamentación o cuando exista algún grado de duda, no se debe declarar la culpabilidad ya que se estaría afectando, sin un alto grado de certeza, uno de los derechos fundamentales de las personas, la libertad, la que constituye un pilar fundamental del constitucionalismo y del principio republicano.

Es por ello que el Estado, como órgano de persecución, debe procurar agotar todos los procedimientos a su alcance con el objetivo de recolectar la mayor cantidad de información para incorporarla al proceso judicial y arribar a una solución acorde a los hechos acaecidos.

Del punto precedente y con relación al mismo es necesario destacar que no está a cargo del imputado demostrar su inocencia ya que de no acontecer esto, toda persona que se encontrara en el seno de una sociedad autoritaria o represiva se encontraría en permanente riesgo de ser considerada ¨sospechosa¨.



Juez natural y prohibición de comisiones especiales

La Constitución Nacional en su artículo 18 establece que ningún habitante de la Nación puede ser penado sin juicio previo fundado en ley anterior al hecho del proceso, ni juzgado por comisiones especiales, o sacado de los jueces designados por la ley antes del hecho de la causa.

El objetivo al que apunta la garantía constitucional precedentemente citada es el resguardo de la imparcialidad en el proceso judicial.

Si nos remitimos al origen histórico de esta garantía, nos es posible advertir que nació como una forma de defender al individuo contra la parcialidad de los sistemas monárquicos y feudales.

Pero también apuntaba a que el juez natural conociera la vida local y las costumbres del lugar donde ocurrían los hechos y donde serían juzgados.

Este criterio y su consecuente aplicación podría prevenir determinadas injusticias que acontecen dentro del sistema judicial cuando la brecha social existente entre el juez y el imputado, no permite que el primero comprenda los valores y criterios de vida del procesado, sin tener en cuenta los valores culturales por el cual se rige.

La evolución histórica de estas garantías ha desembocado en el concepto de predeterminación legal del juez, lo cual significa que su competencia para entender sobre determinado caso, debe ser determinada o establecida por ley.

Es por consiguiente el legislador el que tiene a su cargo la determinación de la competencia de los jueces y otro punto de suma importancia es el que ésta debe ser previa al hecho que produjo la intervención judicial.

La mencionada predeterminación legal de la competencia judicial apunta a impedir cierto grado de parcialidad del juez con respecto a algunas de las partes, lo que violaría el principio de igualdad ante la ley.

El artículo 18 establece también la imposibilidad de que un individuo sea juzgado por comisiones especiales. Esta garantía se propone evitar la creación de órganos no jurisdiccionales creados por alguna designación especial de los dos restantes poderes de la Nación que pudiese desembocar en algún grado de parcialidad.

Este criterio es sustentado también por el artículo 109 de nuestra Carta Magna, el cual establece que en ningún caso el presidente puede ejercer funciones judiciales, arrojarse el conocimiento de causas pendientes o restablecer las fenecidas.

Por último cabe destacar que el concepto de ¨ juez natural ¨ tiene como objetivo asegurar las condiciones necesarias para que el juez comprenda las circunstancias históricas, culturales y sociales que rodearon el hecho a juzgar.



NORMAS ANALIZADAS

A continuación se transcriben algunos artículos "madre" que protegen a las garantías en una visión conglobante nacional e internacional. Las mismas son fuente de casi todas las garantías analizadas.

 

CONSTITUCION NACIONAL:

ARTICULO 18: "ningún habitante de la Nación puede ser penado sin juicio previo fundado en ley anterior al hecho del proceso, ni jugado por comisiones especiales, o sacado de los jueces designados por la ley antes del hecho de la causa. Nadie puede ser obligado a declarar contra sí mismo, ni arrestado sino en virtud de orden escrita de autoridad competente.

Es inviolable la defensa en juicio de la persona y de los derechos. El domicilio es inviolable, como también la correspondencia epistolar y los papeles privados, y una ley determinará en qué casos y con qué justificativos podrá procederse a su allanamiento y ocupación... ¨¨

ARTICULO 33: "Las declaraciones, derechos y garantías que enumera la Constitución, no serán entendidos como negación de otros derechos y garantías no enumerados; pero que nacen del principio de la soberanía del pueblo y de la forma republicana de gobierno."

 

CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS (PACTO DE SAN JOSÉ DE COSTA RICA):

Artículo 1. Obligación de Respetar los Derechos

1. Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.

2. Para los efectos de esta Convención, persona es todo ser humano.

Artículo 2. Deber de Adoptar Disposiciones de Derecho Interno

Si el ejercicio de los derechos y libertades mencionados en el artículo 1 no estuviere ya garantizado por disposiciones legislativas o de otro carácter, los Estados Partes se comprometen a adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones de esta Convención, las medidas legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos tales derechos y libertades.



Análisis jerárquico de las garantías analizadas

Non bis in ídem

Pacto de San José de Costa Rica - art. 8.4

" El inculpado absuelto por una sentencia firme no podrá ser sometido a nuevo juicio por los mismos hechos."

Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y políticos - art. 14.7

" Nadie podrá ser juzgado ni sancionado por un delito por el cual haya sido condenado o absuelto por una sentencia firme de acuerdo con la ley y el procedimiento penal de cada país."

Constitución Nacional en sus artículos 18 y 33 arriba escritos.

Código Procesal Penal - Garantías fundamentales - art. 1

¨ Nadie podrá ser juzgado por otros jueces que los designados de acuerdo con la Constitución y competentes según sus leyes reglamentarias, ni penado sin juicio previo fundado en ley anterior al hecho del proceso y sustanciado conforme a las disposiciones de esta ley, ni considerado culpable mientras una sentencia firme no desvirtúe la presunción de inocencia de que todo imputado goza, ni perseguido penalmente más de una vez por el mismo hecho.

 

 Auto incriminación

Pacto de San José de Costa Rica - art. 8.2.G

"derecho a no ser obligado a declarar contra sí mismo ni a declararse culpable"

Constitución Nacional en sus artículos 18 y 33 arriba escritos.

Código Procesal Penal - art. 296

"el imputado podrá abstenerse de declarar. En ningún caso se le requerirá juramento o promesa de decir ni se ejercerá contra él coacción o amenaza ni medio alguno para obligarlo, inducirlo o determinarlo a declarar contra su voluntad ni se le harán cargos o reconvenciones tendientes a obtener su confesión.

La inobservancia de este precepto hará nulo el acto, sin perjuicio de la responsabilidad penal o disciplinaria que corresponda."

 

Juicio previo

Constitución Nacional en sus artículos 18 y 33 arriba escritos.

 

Irretroactividad de la ley penal

Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y políticos - art. 15

"nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho nacional o internacional. Tampoco se impondrá pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión de un delito. Si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el delincuente se beneficiará de ello.

Nada de lo dispuesto en este art. Se opondrá al juicio ni a la condena de una persona por actos u omisiones que, en el momento de cometerse, fueran delictivos según los principios generales del derecho reconocidos por la comunidad internacional."

Constitución Nacional en sus artículos 18 y 33 arriba escritos. También en el art. 75.22

"Aprobar o desechar tratados concluidos con las demás naciones y con las organizaciones internacionales y los concordatos con la Santa Sede. Los tratados y concordatos tienen jerarquía superior a las leyes.

La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; la Declaración Universal de Derechos Humanos; la Convención Americana sobre Derechos Humanos; el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y su Protocolo Facultativo; la Convención sobre la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio; la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial; la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer; la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes; la Convención sobre los Derechos del Niño; en las condiciones de su vigencia, tienen jerarquía constitucional, no derogan artículo alguno de la primera parte de esta Constitución y deben entenderse complementarios de los derechos y garantías por ella reconocidos. Sólo podrán ser denunciados, en su caso, por el Poder Ejecutivo nacional, previa aprobación de las dos terceras partes de la totalidad de las miembros de cada Cámara.

Los demás tratados y convenciones sobre derechos humanos, luego de ser aprobados por el Congreso, requerirán del voto de las dos terceras partes de la totalidad de los miembros de cada Cámara para gozar de la jerarquía constitucional."

Código Penal art. 2 y 3

"Si la ley vigente al tiempo de cometerse el delito fuere distinta de la que existía al pronunciarse el fallo o en el tiempo intermedio, se aplicará siempre la más benigna. Si durante la condena se dictare una ley más benigna, la pena se limitará a la establecida por esa ley. En todos los casos del presente art., los efectos de la nueva ley se operarán de pleno derecho."

"en el cómputo de la prisión preventiva se observará separadamente la ley más favorable al procesado."

 

Irretroactividad de la ley procesal

Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y políticos - art. 14

 

Inviolabilidad de la defensa en juicio

Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y políticos - art. 14

Constitución Nacional en sus artículos 18 y 33 arriba escritos.

 

Derecho a contar con un abogado defensor

Pacto de San José de Costa Rica - art. 8.2.d y e

d) "derecho del inculpado de defenderse personalmente o de ser asistido por un defensor de su elección y de comunicarse libre y privadamente con su defensor."

e) "derecho irrenunciable de ser asistido por un defensor proporcionado por el Estado, remunerado o no según la legislación interna, si el inculpado no se defendiere por sí mismo ni nombrare defensor dentro del plazo establecido por la ley."

Constitución Nacional en sus artículos 18 y 33 arriba escritos. El art. 18 está implícito de manera indirecta.

 

Derecho a la exclusión de la prueba obtenida ilegalmente

Pacto de San José de Costa Rica - art. 8.3

"La confesión del inculpado solamente es válida si es hecha sin coacción de ninguna naturaleza."

Constitución Nacional en sus artículos 18 y 33 arriba escritos.

 

Inviolabilidad del domicilio y registros privados

Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre - art. 9 y 10

¨ Toda persona tiene derecho a la inviolabilidad de su domicilio ¨.

¨ Toda persona tiene derecho a la inviolabilidad y circulación de su correspondencia¨.

Declaración Universal de Derechos Humanos - art. 12

¨ Nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia ¨.

 Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y políticos - art. 17

¨ Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, domicilio o correspondencia ¨.

Código Penal - art 151 y 153

" Será reprimido con prisión de 6 meses a 2 años e inhabilitación especial de 6 meses a 2 años, el funcionario público o agente de la autoridad que allanare un domicilio sin las formalidades prescritas por la ley o fuera de los casos que ella determina ."

" Será reprimido con prisión de 15 días a 6 meses el que abriere indebidamente una carta, un pliego cerrado o un despacho telegráfico, telefónico o de otra naturaleza que no le esté dirigido, o se apodere indebidamente de una carta, de un pliego, de un despacho o de otro papel privado, aunque no esté cerrado, o suprimiere o desviare de su destino una correspondencia que no le esté dirigida."

 

Principio de inocencia

Pacto de San José de Costa Rica - art. 8.2

¨ Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad...¨

 Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre - 15 y 16

¨ Nadie puede ser privado de su libertad sino en virtud de leyes preexistentes ¨.

¨ Se presume que todo acusado es inocente, hasta que se pruebe que es culpable... A ser juzgada por tribunales anteriormente establecidos de acuerdo con leyes preexistentes¨.

Declaración Universal de Derechos Humanos - art. 11

¨ Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad ¨.

Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y políticos - art. 14.2

¨ Toda persona acusada de un delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad conforme a la ley ¨.

Código Procesal Penal - art. 1

" Nadie podrá ser juzgado por otros jueces que los designados de acuerdo con la Constitución y competentes según sus leyes reglamentarias, ni penado sin juicio previo fundado en ley anterior al hecho del proceso y sustanciado conforme a las disposiciones de esta ley, ni considerado culpable mientras una sentencia firme no desvirtúe la presunción de inocencia de que todo imputado goza, ni perseguido penalmente más de una vez por el mismo hecho."

 

Juez Natural

Pacto San José de Costa Rica - art. 8.1

¨ Toda persona tiene derecho a ser oída con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley en la substanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter ¨.

Código Procesal Penal - art. 1

" Nadie podrá ser juzgado por otros jueces que los designados de acuerdo con la Constitución y competentes según sus leyes reglamentarias, ni penado sin juicio previo fundado en ley anterior al hecho del proceso y sustanciado conforme a las disposiciones de esta ley, ni considerado culpable mientras una sentencia firme no desvirtúe la presunción de inocencia de que todo imputado goza, ni perseguido penalmente más de una vez por el mismo hecho."


 

CASO: JUANITO ÁLVAREZ:

 

HECHOS DEL CASO:

El Señor Juanito Álvarez fue detenido día el 21 de Mayo de 1985, a su arribo al hotel Concorde desde Ezeiza, tras su viaje desde Santa Cruz de la Sierra, República de Bolivia.

Desde allí fue trasladado al hospital Ramos Mejía, por el personal policial interviniente, junto con un testigo y un médico legista.

En dicho nosocomio se le sacó una placa radiográfica y se le practicaron enemas con su consentimiento y autorización.

Como resultado de aquéllas se obtuvieron 67 cápsulas de 2,5 cm. de largo por 1 cm. de diámetro, conteniendo en total casi 600 gramos de clorhidrato de cocaína de altísima pureza, las que había ingerido en su país de origen, Bolivia, con el propósito de ingresarlas en forma ilegal a nuestro país.

 

FORMULACIONES EMITIDAS POR LOS MIEMBROS DEL TRIBUNAL:

Decisión expresada por el Dr. Riggi:

Vota por rechazar la nulidad del procedimiento articulada por la defensa, ya que el principio constitucional de que nadie está obligado a declarar contra sí mismo, el cual constituye un pilar del derecho procesal penal, se basa justamente en que debe invalidarse cualquier medio coercitivo que venza la voluntad del individuo de mantenerse en silencio con relación al hecho sobre el que es investigado. Debido a que por el contrario, en el caso de autos, la voluntad del procesado, que sí puede mantenerse en silencio toda la vida si así lo desea, no podría evitar en modo alguno que tarde o temprano la naturaleza culmine evacuando el contenido de su cavidad intestinal, pues dicho proceso no se encuentra dirigido por el ser humano e inexorablemente ocurrirá más allá de su propia voluntad.

Expresa también que por la notoria gravedad del hecho que se reprocha al encartado y la necesaria finalidad resocializadora de las penas, estima prudente elevar la condena de prisión a 7 años de cumplimiento efectivo y el debido incremento de la pena de inhabilitación absoluta para desempeñarse como funcionario o empleado público a 14 años, conforme el artículo 876 inciso h del Código Aduanero y eleva a 3 años y 6 meses la inhabilitación impuesta para el ejercicio del comercio.

 

Decisión expresada por el Dr. Cortelezzi:

Vota porque no se haga lugar a la nulidad solicitada, cuestión en la que coincide con su colega el Dr. Riggi. Pero en cuanto al monto de las penas impuestas, entiende que no procede incrementarlas, tal como propone el anteriormente citado letrado.

 

 Decisión expresada por el Dr. Hendler (en disidencia):

Sostiene que la declaración del enfermero que le puso el enema, declarando que el imputado hacía esfuerzos por evitar la evacuación y las declaraciones de Álvarez negando el hecho aún después de obtenida la radiografía que mostraba cuerpos extraños en el intestino, son dos actitudes obviamente incompatibles con la voluntad de someterse al enema. Y opina también que el ¨ no oponerse ¨ en el contexto del caso, está muy lejos de ser equivalente a haber prestado consentimiento.

Sostiene que si hubiera de admitirse la legitimidad del procedimiento, bastaría que un funcionario de determinado rango sospeche un tráfico ilícito para que le estuviera permitido practicar la requisa corporal de cualquier persona y la exploración de cualquiera de sus cavidades corporales.

Expresa que en el caso de autos, la autoridad policial se abstuvo de dar intervención judicial durante todo el tiempo del procedimiento y esto podría hacer suponer que no se vieron satisfechos los requisitos del debido proceso legal consagrado en el artículo 18 de la Constitución Nacional.

Concluye expresando que el artículo 468 del Código de Procedimiento en materia penal que pone a cargo de la acusación la prueba de los hechos, lo que lleva a considerar que la sentencia apelada no se ajusta a derecho.

 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL:

Por mayoría el tribunal resuelve rechazar el planteo de nulidad y confirmar la sentencia apelada en todas sus partes.


Secuestro de estupefacientes: Autoincriminación - Violación de Secreto Profesional

Caso: Zambrana Daza, Norma Beatriz
sobre infracción a la ley 23.737. CSJN, 1999

 

Hechos: La imputada Zambrana Daza, Norma Beatriz ingresó al país, procedente de Bolivia, lugar, que por motivos económicos e inducida por Mario Blanco quien le propuso introducir en la Argentina cápsulas que contenían "oro en polvo". Aduciendo la misma desconocer que en realidad contenían clorhidrato de cocaína.

Al llegar a la Capital Federal, la imputada comenzó a sentirse mal, con fuertes dolores estomacales, lo cual la llevó a solicitar asistencia médica en un hospital público siendo atendida por la doctora Rosario Pacheco, quien luego de practicarle atención de urgencia, obtuvo como resultado la expulsión oral de cuatro bombitas de látex conteniendo la sustancia antes mencionada; procediendo así a la denuncia policial.

Al finalizar el proceso de desintoxicación se obtuvo un total de cuarenta y cuatro bombitas de látex con clorhidrato de cocaína.

En primera Instancia del juicio por el delito de transporte de estupefacientes fue condenada a la pena de prisión de cuatro años.

En la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal, se declaró la nulidad de todo lo actuado, y la posterior absolución de la imputada por considerar que se incurrió en vicio durante el procedimiento ya que el mismo tuvo como base la violación del Secreto Profesional por parte de la médico interviniente.

Consideró que se vulneró la garantía constitucional que proscribe la autoincriminación, pues la acusada actuó bajo el temor a la muerte.

Se procede a dar curso al Recurso Extraordinario.

 

Derecho:

 

Fallo:

Voto a Favor: Dr. Boggiano.

Afirma que existió un vicio en el procedimiento por cuanto a la instrucción del sumario, tuvo como base la violación del Secreto Profesional, por parte de la médico interviniente.

Voto en Disidencia: Se fundamenta en la obligación de informar al Juez acerca de la comisión de un delito, antes que la obligación a guardar el secreto profesional.

Conclusión: Los integrantes de la Corte, se basaron en el mismo artículo pero le dieron diferente interpretación.


Indice de fallos

Derecho a contar con un abogado defensor

 

Derecho a exclusión de prueba obtenida ilegalmente

 

Derecho a la inviolabilidad del domicilio

 

Ne bis in idem

 

Inviolabilidad de defensa en juicio

 

Prohibición de comisiones especiales


Conclusión

Hemos llegado a la conclusión de que las garantías analizadas se están viendo disminuidas en relación a su alcance, para darle mayor poder al Estado a través de la policía.

Dicho otorgamiento de poder es justificado por el Estado al hacer referencia al alto índice de inseguridad social.

A raíz del análisis, en el grupo se encontraron dos opiniones disidentes:

Por un lado se considera que el aumento de las atribuciones a la policía están justificadas en beneficio de la Sociedad, puesto que de esta forma se contribuiría a agilizar el trámite judicial mejorando la relación del Poder Judicial y de la Policía. Somos conscientes de que la Policía en la actualidad debería sufrir un cambio para evitar represiones injustificadas y abusos de poder, pero consideramos que estas atribuciones son necesarias para mejorar el trabajo en cuanto a la administración.

Y es aquí donde comienza nuestro debate, ya que las opiniones disidentes dicen que en la actualidad la policía no se encuentra preparada ni psicológica ni educacionalmente, para hacer una adecuado uso de una mayor atribución de poder. Los mismos proponen como solución un acortamiento burocrático en cuanto a la administración, efectivizando de esta forma la aplicación de las garantías; considerando que el otorgamiento de mayores facultades a la fuerza policial desembocaría en una Sociedad autoritaria, represiva y restrictiva contra las libertades individuales y derechos humanos.

Los que estamos a favor del aumento de las atribuciones a la Policía consideramos que lo aducido por los disidentes esta justificado pero se encuentra en un marco utópico, a que en realidad nos encontramos con una administración de justicia lenta y obstaculizadora, viendo también que no esta en sus planes próximos agilizarlos ni modificarlos. La Sociedad actual no esta en condiciones de esperar que el trámite burocrático se agilice, sino que necesita medidas concretas para solucionar el conflicto actual.

Discurrimos finalmente en que nuestra conclusión ha quedado abierta en base a estas dos opiniones.

Desde ya gracias por permitirnos comunicar algunas de nuestras ideas.


Bibliografía