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PARTICIPACIÓN EN LAS GANANCIAS DE LAS EMPRESAS,
CON CONTROL DE LA PRODUCCIÓN Y COLABORACIÓN EN LA DIRECCIÓN

(consagrado en el art. 14 bis de la Const. Nacional).

La participación en las ganancias de las empresas, responde a un principio de justicia social, por el cual los trabajadores obtendrían como remuneración adicional un porcentaje de las utilidades logradas por la empresa, en virtud de que la obtención de las mismas, solo es posible gracias a la conjugación de capital y trabajo. Esta participación en las ganancias, haría proyectar en el trabajador un interés personal en la producción y en general en los resultados de su labor, estimulando su rendimiento, concentración y lealtad, permitiéndole además gozar proporcionalmente de los frutos de su esfuerzo y dedicación.

Bidart Campos afirma que el constituyente, al prever la participación en las ganancias de las empresas, se refiere al sentido amplio de empresa, incluyendo a todo tipo de empleador. "Basta que haya lucro u obtención de bienes económicos, incluído en este concepto el dinero que, como beneficio se obtiene mediante una actividad cualquiera a la que coopera el trabajador". Es decir, la participación es debida a todo empleado que trabaja para un empleador cuya actividad, a la que el empleado coopera directamente, devenga un beneficio lucrativo.

La transparencia y efectividad de la participación en las ganancias de las empresas, necesita del control obrero de la producción y colaboración en la dirección. Sin este control, y esta forma de co-gestión, el trabajador no tendría modo de verificar si la liquidación de haberes que le corresponde como participación de las utilidades, se ajusta a lo pactado.

La cláusula en análisis, al aplicarse, con participación del trabajador en las ganancias, con control y cogestión de la empresa, cumpliría en acortar la brecha entre clases sociales, al aproximar e igualar en alguna medida intereses y objetivos. Por supuesto que para ello el legislador tendría que establecer los límites de moderación en la especie, de manera que la aplicación de este precepto constitucional no desnaturalice la esencia del contrato de trabajo ni el derecho de propiedad privada en los amplios términos que consagra el artículo 17 de la Constitución Nacional.

En la práctica son muy pocas las empresas (privadas o estatales), que han llegado a implementarlo.