Volver al Indice de Monografias

LA SEGURIDAD SOCIAL
EL SEGURO SOCIAL

"El Estado otorgará los beneficios de la seguridad social, que tendrá carácter de integral e irrenunciable ...". (art. 14 bis C. Nacional).

El artículo 14 bis de nuestra C. N., se aboca a la seguridad social diciendo: "El Estado otorgará los beneficios de la seguridad social, que tendrá carácter de integral e irrenunciable ...".

Esta norma obliga al Estado a cumplir determinadas prestaciones: el deber de conceder y abonar los beneficios de la seguridad social, y no deja librada a la iniciativa privada la atención de la seguridad social (conf. Montoro Gil). Es el Estado el que tiene la obligación de promover un sistema de ayuda mutua obligatoria para dar cobertura a los trabajadores ante eventos que signifiquen la pérdida o disminución de su capacidad laboral, o en su caso la obligación de que el mismo estado se haga cargo de dichas prestaciones.

La seguridad social, es el conjunto de normas y de principios orientadores, y de medios, instrumentos y mecanismos tendientes a implementar la cobertura eficaz de las contingencias sociales que puedan afectar al ser humano y/o a su grupo familiar en sus necesidades materiales vitales y en su dignidad intrínseca e inherente a ellas (conf. Wassner).

Esta seguridad social, debe ser integral, es decir, debe resguardar al hombre no solo de los imprevistos propios del trabajo, sino también ante los eventos naturales de la vida, nacimientos, niñez, matrimonio, accidentes, desempleo, enfermedades, invalidez y rehabilitación, muerte, etc., y hasta contemplar la formación cultural y espiritual del individuo, sea este trabajador o no.

El Estado es el sujeto obligado a otorgar los beneficios de la seguridad social, ya sea mediante prestaciones directamente estatales, o bien a través del establecimiento de las condiciones propicias para que la integralidad de la seguridad social se haga efectiva, inclusive comprometiendo para esto a la comunidad en general o a entidades privadas.

La seguridad social protege contra riesgos o contingencias que aparejan la reducción o la eliminación del trabajo y del salario o cargas económicas adicionales (por ej., muerte, vejez, enfermedad, accidente de trabajo, desempleo, etc.); eventos que no son infortunios pero que también limitan la actividad y el salario u originan gastos suplementarios (por ej., maternidad, matrimonio); situaciones que exceden la capacidad de ingresos sin ser infortunios o eventualidades sino meras necesidades sociales (gastos de vacaciones o estudio). Se habla de cargas sociales para referirse a todos estos acontecimientos que provocan necesidades económicas requeridas de atención por disminuir o perder el trabajo o el salario o por provocar gastos adicionales. La seguridad social se convierte en una forma de liberación de la necesidad. De los beneficios en dinero se pasa a añadir otros auxilios (por ej., alojamiento, atención médica, etc.). El sujeto beneficiario de la seguridad social son todos los hombres. Aunque la seguridad social tiene una tendencia al bienestar, su objeto no es dar bienestar sino amparar necesidades que entorpecen el bienestar. Su amparo se desdobla en: a) la cobertura de trabajadores mediante un sistema contributivo, b) la atención de necesidades por independencia de que el beneficiario sea o no trabajador mediante la asistencia social, que es gratuita.Por lo tanto, la seguridad social abarca los trabajadores y, a través de la asistencia social, a las personas sin recursos.(conf. Montoro Gil)

 

"En especial, la ley establecerá: el seguro social obligatorio, que estará a cargo de entidades nacionales o provinciales con autonomía financiera y económica, administradas por los interesados con participación del Estado, sin que pueda existir superposición de aportes; jubilaciones y pensiones móviles; ..." (art. 14 bis C.N.)

El seguro social es una de las formas de hacer accesible la seguridad social (otra de las formas es la jubilación y la pensión).

La obligatoriedad del seguro social, apunta a que quienes realizan actividades económicas, abonen obligatoriamente un aporte que sostenga al sistema, para así, por contrapartida, encontrarse legitimados como beneficiarios ante el acaecimiento del hecho que el seguro social tenga por gravoso o de riesgo, sin perjuicio de que en su momento el beneficiario no deseare percibir el subsidio que le corresponda.

Las entidades que estarán a cargo del seguro obligatorio, podrán ser nacionales o provinciales. Bidart Campos, sostiene que la legislación sobre seguridad social es competencia del Congreso de la Nación, y que la norma, al indicar que el seguro social estará también a cargo de entidades provinciales, implica el reconocimiento a la competencia provincial de la facultad para "legislar y administrar un sistema de seguridad social limitado a las actividades o trabajos sobre los cuales las provincias tienen facultades para reglarlos".

El texto en análisis dice que las entidades nacionales o provinciales han de tener autonomía financiera. En cuanto a la precisión del término "autonomía" sería más apropiado hablar de autarquía ya que este es el término que se utiliza para connotar entidades descentralizadas (conf. Montoro Gil)

 

La cláusula deja opción para que los organismos sean regulados legalmente como entidades de la administración pública o como personas jurídicas públicas no estatales. Pero deben tener patrimonio propio. Por eso, estos entes, de formar parte de la administración pública, tienen que ser descentralizados autárquicamente (Bidart Campos).

Los aportes a que los particulares estén obligados, no admiten superposiciones, es decir que no puede imponerse para una misma prestación en relación a una misma actividad, la obligación de aportar a más de un organismo. Distinto es el caso del sujeto que desarrolla más de una actividad, y que factiblemente puede encontrarse obligado por más de un ente, mas en esta circunstancia debemos hablar de diversidad de aportes, y no de superposición de los mismos.

El seguro social propuesto no es más que uno de los instrumentos de la seguridad social, razón por la cual su implementación no conlleva la supresión del tradicional sistema de jubilaciones y pensiones, sino que por el contrario, es factible su coexistencia y su complementación.

En la actualidad, podemos afirmar que nuestro sistema previsional se ha estructurado principalmente en base al régimen nacional de jubilaciones y pensiones, cubriendo las contingencias de ancianidad, invalidez y muerte.

Jubilación: es el derecho a la obtención de una prestación monetaria periódica vitalicia o por lapsos prolongados, que asume la comunidad como contraprestación a los afiliados por servicios cumplidos y pago de cotizaciones obligatorias al fondo común durante períodos determinados al llegar a edades mínimas básicas y/o por la acreditación de deficiencias patológicas que devienen en incapacidades laborales. (Wassner ).

Pensión: es el derecho a obtener una prestación monetaria periódica (vitalicia o por períodos prolongados) que corresponde a los causahabientes de los jubilados o titulares de un derecho a jubilación a consecuencia del fallecimiento de éstos.

La suma de dinero que jubilados y pensionistas perciben en su carácter de beneficiarios, y que se encuentra protegida por la garantía constitucional de propiedad inviolable del art. 17 de la constitución, debe además ser móvil. Esta movilidad tiene como fin el de impedir que la inflación monetaria se traduzca en un deterioro de los beneficios otorgados.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación, en sucesivos fallos ha determinado que el derecho a los beneficios de jubilaciones y pensiones, asume el carácter de derecho adquirido, en los términos del art. 17 de la Constitución, solo cuando queda firme el acto administrativo que hace lugar a la jubilación o pensión del interesado, quien hasta entonces solo tenía un derecho en expectativa respecto del beneficio.

La ley 24.241 dispone de dos sistemas a los que optativamente los activos aspirantes al beneficio pueden obligatoriamente aportar. Estos son el sistema estatal y el privado. El primero, guarda semejanza con el tradicional sistema jubilatorio de reparto, mientras el privado, o también llamado sistema de capitalización, consiste en la realización de aportes, no a la tradicional caja, sino a la elegida A.F.J.P. (Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones). Estas instituciones formadas por empresas públicas y privadas, serán las encargadas de administrar los fondos e invertir el dinero depositado por los trabajadores, asumiendo un riesgo operativo y financiero bajo control estatal.

Los aportes realizados por los trabajadores autónomos equivale a un 27 % de sus ingresos, mientras que a los trabajadores en relación de dependencia se les descontará un 11 % de su salario, quedando al empleador la carga de depositar a nombre del empleado un 16 % de dicho sueldo, para así completar el porcentaje fijado por la ley. De las sumas recaudadas altos porcentajes son deducidos para financiar los costos del P.A.M.I. y sostener al sistema de beneficios jubilatorios ya concedidos y vigentes, quedando solo una pequeña parte de lo aportado por el activo para ser depositado en la A.F.J.P. a nombre del trabajador, previo descuento de la comisión cobrada por esta intitución como contraprestación por la administación de los fondos.