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ESTABILIDAD DEL EMPLEADO PUBLICO

Históricamente, se ha podido comprobar que los empleados públicos han sido objeto de masivas cesantías ante la toma de mando de nuevos gobiernos, al pretender estos reemplazarlos por trabajadores afines, o con los que se hubiere comprometido.

Cuando quien ha sufrido el despido o la cesantía arbitraria es el empleado público, esta decisión es nula, no resuelve el vínculo, y el empleado público, tiene derecho a interponer recurso administrativo contra la medida, solicitando se lo "reincorpore" a su puesto, pese a lo decidido anteriormente por su superior jerárquico. Estamos entonces ante un caso de estabilidad absoluta.

A diferencia del empleado privado, para el cual la ley habla de "protección" contra el despido arbitrario, para el empleado público la ley le asegura la estabilidad, con lo que está afirmando, que a este último se lo mantendrá en el puesto administrativo. A diferencia del empleo privado, la relación entre empleador (Estado) y empleado público, resulta ser menos directa y más impersonal.

Sin perjuicio de lo ya expuesto, considero que ningún derecho subjetivo es absoluto; por lo tanto, puede ser razonablemente reglado y delimitado por las leyes que al respecto se dicten. Existen causas, por las que el empleado público puede ser razonablemente cesanteado, aun sin que medie su culpa, y pese a esto, no tener derecho a ser reincorporado. Las cuantiosas reestructuraciones administrativas, por ejemplo, con sus consiguientes supresiones de cargos, no implicarían la obligación del Estado de reincorporar en otro cargo o área a los trabajadores salientes.

También la Corte Suprema sostuvo que el principio de estabilidad del empleado público, no puede anular las facultades del Poder Legislativo, al que le está dado suprimir un empleo, ni tampoco las del Poder Ejecutivo, que puede en virtud de su autoridad jerárquica originaria remover un empleado de la administración, aun no mediando culpa de los cesanteados. Finalmente, para la Corte Suprema de Justicia de la Nación, normalmente, la protección de la estabilidad del empleado público, es procurada mediante el pago de una equitativa indemnización.

En la práctica, la forma de tutelar la estabilidad del empleado público resulta equiparable a la protección contra el despido arbitrario, es decir mediante el pago de una indemnización, trasgrediéndose así el espíritu de la norma, y la intención que el Constituyente tuvo al dictarla. Un sector doctrinario entiende que las llamadas "leyes de prescindibilidad" son inconstitucionales.