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TRABAJO PRÁCTICO SOBRE PERSONA

- Realizado por Jorge Sanzol -

 

La naturaleza social del hombre determina que, paralelamente a la actividad individual en procura de fines propios, exista en él una tendencia a la asociación con objetivos útiles. Para la realización de esos objetivos se presenta en el derecho el problema de dar forma jurídica a las agrupaciones humanas, otorgar a sus bienes un sentido social y asegurar su estabilidad, funcionamiento y continuidad. A estos entes se los denomina personas de existencia ideal o personas jurìdicas, colectivas o morales, por oposición a las personas naturales o físicas.

El concepto moderno de persona jurídica es el resultado de un largo proceso, de una lenta evolución operada a lo largo del tiempo, por el concurso de distintos factores que han transformado el concepto desde su origen remoto hasta su estado actual. Surge como una resultante de los cambios técnicos, economicos y sociales, la aparición del capitalismo y otros fenómenos históricos que determinaron la injerencia y control del Estado sobre ellas.

 

Concepto

El art. 30 del Código Civil dio una definición de persona comprensiva de las personas físicas y las jurídicas, al disponer que "son personas todos los entes susceptibles de adquirir derechos y contraer obligaciones".

Para nuestro Código Civil, persona es invariablemente sujeto de derecho. Allí donde existe un derecho tiene que haber necesariamente un sujeto al cual ese derecho le este imputado como titular.

El concepto jurídico de persona se define por el carácter de sujeto potencial de derechos; el rasgo esencial de la persona, aquello que lo caracteriza y determina su naturaleza, es el hecho de que pueda ser sujeto activo o pasivo de derechos, la posibilidad de adquirir derechos y contraer obligaciones, como dice nuestro Código.

El art. 32 del Código Civil establece: "Todos los entes susceptibles de adquirir derechos o contaer obligaciones que no son personas de existencia visible, son personas de existencia ideal o personas jurídicas". Este artículo define en forma negativa a las personas de existencia ideal, no estableciendo un criterio que permita reconocer la existencia de una persona ideal.

Nuestro Código es el unico en la legislación comparada que establece la antítesis entre personas de existencia visible y personas de existencia ideal.

 

Clasificaciones de las personas jurídicas

Sistema de la ley 17.711.

La ley 17.711 introdujo varias modificaciones en los artículos que legislan sobre las personas jurídicas. Ellas se refieren a la clasificación, concepto y denominación de cada especie.

El art. 33, modificado, dice: "Las personas jurídicas pueden ser de carácter público o privado.

"Tienen carácter público:

"1) el Estado nacional, las provincias y los municipios;

"2) las entidades autárquicas;

"3) la Iglesia Católica.

"Tienen carácter privado:

"1) las asociaciones y las fundaciones que tengan por principal objeto el bien común, posean patrimonio propio, sean capaces por sus estatutos de adquirir bienes, no subsistan exclusivamente de asignaciones del Estado y obtengan autorización para funcionar;

"2) las sociedades civiles y comerciales o entidades que conforme a la ley tengan capacidad para adquirir derechos y contraer obligaciones, aunque no requieran autorizacion expresa del Estado para funcionar".

En el sistema de la ley 17.711 se distinguen dos categorias de personas jurídicas: las de carácter público y las de carácter privado. Las primeras coinciden en general con las de existencia necesaria enumeradas por el codificador, y las segundas comprenden tanto a las que requieren la autorización del Estado para funcionar como las que no necesitan de ella.

Aráuz Castex cuestiona el texto de la reforma, y sostiene que las simples asociaciones del art. 46 no estan comprendidas dentro de las personas jurídicas y que habría que denominarlas personas de existencia ideal. Tambien critica la nueva clasificación porque prescinde del género "personas de existencia ideal" para utilizar como género máximo el de "personas jurídicas".

 

Personas jurídicas de carácter público

Son aquellas que estan instituídas por normas del derecho público, y que la normativa de nuestro Código llama "personas de existencia necesaria". Su creación proviene de la ley o de un acto administrativo, para ser sujeto de funciones públicas; su constitución tiene como fin el interés público por disposición del derecho.

Son entes creados por la ley para satisfacer fines de interés público o para el funcionamiento de servicios públicos.

Art. 33 del Código Civil:

Inciso 1: El Estado nacional, las provincias y los municipios.


a) El Estado nacional.

El carácter del Estado como persona jurídica surge de la Constitución nacional (arts. 1, 9, 10 a 14, 18).

Respesto del Estado, no se debe confundir el aspecto de la doble competencia o capacidad con el de la doble personalidad; la doble capacidad se da para actuar tanto en la esfera del derecho público como en la del derecho privado, sin que ello signifique reconocer una doble personalidad.

La teoría de la doble personalidad sostenida, entre otros, por Rafael Bielsa, consideraba que cuando el Estado realizaba un acto de gobierno o de administración pública, su personalidad era de derecho público; en cambio, cuando contrataba con los particulares o disponia de los bienes de su dominio privado, su personalidad era de derecho privado.


b) Las provincias y los municipios.

Conforme al sistema federal de gobierno establecido en el art. 1 de la Constitución nacional se reconoce a las provincias personalidad jurídica, como integrantes de la Nación. La reforma suprimió la expresión "federadas" referida a als provincias.

Los municipios deben considerarse subsistentes, sin necesidad de ley especial. El art. 5 de la Constitución nacional supedita la autonomía de las provincias, entre otros requisitos, a que la respectiva constitución asegure su régimen municipal.


c) Inciso 2: Entidades autárquicas.

Marienhoff define a las entidades autárquicas como "toda persona jurídica pública estatal que con aptitud legal para administararse a si misma cumple fines públicos, genéricos o específicos".

Son entes de la administración pública que se han descentralizado del Estado y que realizan funciones propias de aquél, es decir, servicios públicos. La personalidad jurídica deriva de la ley que las crea, organiza su régimen interno y su competencia. Por ejemplo: Banco Central.

Las entidades autárquicas tienen los siguientes caracteres:

1) son entes del Estado;

2) se gobiernan a sí mismas;

3) tienen como finalidad el interés público;

4) tienen un patrimonio propio independiente del Estado.


d) La Iglesia Católica.

La Constitución nacional establece, en el art. 2, que el "gobierno federal sostiene el culto católico apostólico romano".
Su personalidad de derecho público surge de la Constitución nacional. La legislación ha reconocido la personalidad jurídica de la Iglesia, tal como ella está organizada; a su vez, ella reconoce los poderes temporales del Estado,que ejerce el derecho de patronato. El carácter de persona jurídica que se otorga a la Iglesia Católica alcanza tambien a sus diócesis y parroquias (art. 2345 del Código Civil).

En cambio, las congregaciones y ordenes religiosas tienen personalidad jurídica de carácter privado, y para funcionar requieren autorización legislativa o gubernamental (art. 45 del Código Civil).

En lo que se refiere a otras religiones, sus iglesias no son personas jurídicas de carácter público, pero si reúnen los requisitos legales necesarios pueden ser personas jurídicas de carácter privado, y si no los reunieran, simples asociaciones religiosas. La ley 21.745/78, reglamentada por el decreto 2037/79, creó el Registro de Cultos no Católicos.

 

Personas jurídicas de carácter privado

Son aquellas cuya institución o regulación depende del derecho privado. En el Código se las denominaba de "existencia posible".

Conforme a la nueva redacción, las personas jurídicas privadas pueden ser de dos clases: las que necesitan de la autorización del Estado para funcionar y las que no la requieren.

Las primeras estan contempladas en el art. 33, apartado 2, inciso primero, y son:

a) las asociaciones, tambien llamadas corporaciones, que pueden tener fines científicos, artísticos, deportivos, culturales, etc., como clubes, mutuales, sociedades de fomento, etc.;

b) fundaciones: son entidades cuyo patrimonio esta afectado a fines altruístas (que profesa el altruismo: sentimiento o tendencia de hacer el bien a los demas, aun a costa del propio provecho) que fueron tenidos en mira al tiempo de su creación. Su régimen legal se ha completado con la ley 19.836, de 1972.

c) ciertas sociedades comerciales: sociedades de economía mixta, cooperativas, compañias de seguros, entidades financieras, etc.:

d) otras entidades: se cuentan entre ellas las universidades privadas, que requieren para su creación un decreto del Poder Ejecutivo que las autorice; asociaciones profesionales (colegios públicos de abogados, traductores, ingenieros, etc.) y academias nacionales (Academia Nacional de Medicina, de Derecho y Ciencias Sociales, etc.).

 

Las que no requieren la autorización estatal para funcionar estan contempladas en el apartado 2, inciso 2, del art. 33, y son:

a) sociedades civiles: legisladas en los art. 1648 y siguientes del Código Civil;

b) sociedades comerciales regularmente constituídas;

c) sociedades de hecho e irregulares con objeto comercial;

(Las contempladas en los apartados b y c estan legisladas en el art.2 de la Ley de Sociedades.)

d) otras entidades (consorcio de propiedad horizontal).

 

Simples asociaciones.

El art. 46 del Código Civil legisla sobre las simples asociaciones civiles o religiosas formalmente constituídas. No son personas jurídicas, pero tienen el carácter de sujeto de derechos si reunen las condiciones exigidas por la ley.

 

Requisitos para la constitución de las personas jurídicas de carácter privado

Para la constitución de las personas jurídicas es necesario el cumplimiento de los siguientes requisitos:

1) Acto constitutivo. Es el acto de voluntad creador realizado por los miembros o por el fundador. En la asociación es el acuerdo de voluntades y se llama "acto conjunto"; en la fundación es una sola voluntad, la del fundador, y se llama "acto fundacional".

2) Que tengan por principal objeto el bien común. Algunos autores han criticado este requisito, como, por ejemplo, Ferrara, quien considera que hay fundaciones carentes de esa finalidad, como las fundaciones de familia, reconocidas como sujeto de derecho. Llambías y Borda, en cambio, piensan que el bien común justifica la existencia jurídica de estas entidades y obliga a reconocerles el carácter de sujetos de derecho. El bien común es lo que tiende mediata o inmediatamente a satisfacer las necesidades de los integrantes de la comunidad.

3) Que posean patrimonio propio. La persona jurídica es un sujeto de derecho patrimonial y, por tanto, se le debe atribuir la propiedad de algunos bienes. Llambías considera que es suficiente que la persona jurídica tenga la posibilidad de adquirir bienes.

4) Que sean capaces por sus estatutos de adquirir bienes. Los estatutos de las personas jurídicas deben contener disposiciones relativas a la capacidad de adquirir bienes, porque sin esta capacidad no podrian formar su patrimonio. Este requisito es complemento de la exigencia legal de que las personas jurídicas posean un patrimonio propio.

5) Que no subsistan exclusivamente de asignaciones del Estado. El requisito legal apunta a que el patrimonio de la persona jurídica no este integrado exclusivamente por bienes del Estado, porque en ese supuesto seria una persona jurídica de carácter público. Sin embargo, no es impedimento para que pueda recibir subvenciones, siempre que ellas no constituyan el único recurso patrimonial. El Estado otorga subvenciones a establecimientos de enseñanza privada, de beneficiencia, artísticos, científicos, etc.

6) Que tengan o no autorización del Estado. La autorización del Estado emana del poder administrador y es el acto expreso que autoriza a funcionar como tal a la persona jurídica. El órgano competente es la Inspección General de Personas Jurídicas. La autorización tambien puede ser otorgada por ley del Congreso, como en el supuesto de la admisión de nuevas ordenes religiosas.

Hay personas jurídicas que no necesitan la autorización del Estado para funcionar, como las sociedades civiles y algunas sociedades comerciales y las simples asociaciones. En cuanto a las sociedades civiles, basta el cumplimiento de los requisitos exigidos por la ley para el reconocimiento de su personalidad. En el supuesto de ciertas sociedades comerciales y de consorcios de propiedad horizontal se requiere, ademas, la inscripción en el Registro Público de Comercio o el Registro de la Propiedad Inmueble, respectivamente.

Si se trata de asociaciones profesionales, la ley 23.551 establece que la personería gremial sera otorgada por el Ministerio de Trabajo.

 

La persona jurídica y sus miembros. Distinción.

La persona jurídica tiene una existencia independiente de la de sus miembros y es aceptada como sujeto de derecho distinta de ellos. Únicamente puede actuar por medio de sus órganos, cuya conducta le es atribuída por el ordenamiento jurídico. Su responsabilidad no excluye a la que les incumbe a los individuos que actuan por ella, ya que es complementaria o coexistente con aquella.

El art. 39 del Código Civil dispone: "Las corporaciones, asociaciones, etc., seran consideradas como personas enteramente distintas de sus miembros.

"Los bienes que pertenezcan a la asociación no pertenecen a ninguno de sus miembros; y ninguno de sus miembros, ni todos ellos, estan obligados a satisfacer las deudas de la corporación, si expresamente no se hubiesen obligado como fiadores o mancomunando con ella".

Del texto legal cabe inferir las siguientes conclusiones:

1) La persona de existencia ideal es un ente distinto de los miembros que la componen; hay una independencia de personalidad entre ambos; cada persona es un sujeto de derecho independiente.

2) Los derechos de la persona jurídica son imputables a ésta, y no a cada uno de sus miembros ni a todos ellos.

3) Los deberes jurídicos de la persona de existencia ideal no son tampoco imputados a su miembros.

4) Los miembros no responden por las deudas de la persona jurídica, salvo que se hubiesen obligado expresamente como fiadores o se hubiesen mancomunado con ella (co-deudor).

5) La persona jurídica tiene un patrimonio independiente del patrimonio de sus miembros.

Este principio establecido en el art. 39 tiene excepciones. Ellas se refieren a las relaciones de las personas jurídicas con los terceros, y son los siguientes:

a) actos ilícitos;

b) actos ajenos al objeto;

c) actos ejecutados excediendo la representación;

d) actos realizados con simulación, fraude, insolvencia, abuso, etc.

 

Fungibilidad de los miembros

La persona jurídica tiene la facultad de reemplazar o sustituir a los miembros que la componen, siempre que no excedan el número establecido en los estatutos. Las personas jurídicas subsisten aunque sus miembros originarios fallezcan o se retiren, siendo sustituídos por otros (art. 38 del Código Civil). El cambio de miembros no importa modificación alguna de la persona jurídica.

 

Normativa interna

Conforme al art. 40 del Código Civil, la persona jurídica puede darse su propia organización en cuanto a la relación de los miembros que la componen.

Cabe distinguir los siguientes supuestos:

1) Cuando se trata del Estado, una provincia, municipios y entidades autárquicas, la relacion entre la persona y sus miembros esta regida por la Constitución nacional, la respectiva constitución provincial y las leyes nacionales y provinciales y en su caso las ordenanzas municipales.

2) Cuando se trata de la Iglesia Católica, la relación se rige por el derecho canónico y por las normas constitucionales y legales relativas al derecho de patronato.

3) Cuando se trata de personas jurídicas que requieren la autorización del Estado, la relación entre ella y sus miembros es regida por los estatutos aprobados por aquél.

 

Capacidad de las personas jurídicas

Conforme al art. 35 del Código Civil, "las personas jurídicas pueden, para los fines de su institución, adquirir los derechos que este Código establece, y ejercer los actos que no les sean prohibidos, por el ministerio de los representantes que sus leyes o estatutos les hubiesen constituído".

Del texto legal surge que las personas jurídicas tienen capacidad de derecho, es decir, la aptitud de ser titulares de derechos, pero carecen de capacidad de hecho, ya que por su naturaleza deben hacerlo por medio de sus representantes legales.

Savigny asimilaba las personas jurídicas a los incapaces absolutos de hecho sujetos a representacion necesaria. Velez Sarfield se adhirió a la teoría de Savigny.

Algunos autores partidarios de la teoría del órgano, entre ellos Spota, atribuyen a la persona jurídica capacidad de hecho y de derecho, mientras que Llambías, fundándose en la misma teoría, solo les reconoce capacidad de derecho.

 

Capacidad de derecho

Esta reglementada en los arts. 31, 35 y 41 de nuestro Código.

1) Capacidad patrimonial. Las personas jurídicas tienen capacidad exclusivamente para actos del derecho patrimonial.

El principio de la capacidad exclusivamente patrimonial tiene algunas excepciones, ya que pueden crear fundaciones, gozan del derecho al honor y se les reconocen los derechos constitucionales de libertad de prensa, asociación y enseñanza.

Respecto de los terceros pueden tener los mismos derechos que las personas físicas. El art. 41 dispone: "Respecto de los terceros, los establecimientos o corporaciones, con el carácter de personas jurídicas gozan en general de los mismos derechos que los simples particulares, para adquirir bienes, tomar y conservar la posesión de ellos, constituir servidumbres reales, recibir usufructos de las propiedades ajenas, herencias o legados por testamento, donaciones por actos entre vivos, crear obligaciones e intentar en la medida de su capacidad de derecho acciones civiles o criminales".

2) Principio de la especialidad. La capacidad de las personas jurídicas solo alcanza a los derechos y obligaciones necesarios para cumplir con los fines de su institución. Los fines deben apreciarse con amplitud prudencial, en el sentido de que ademas de los actos jurídicos correspondientes al objeto de la entidad, tambien pueden realizar aquellos que por implicancia les sean requeridos para la mejor consecución de sus fines.

3) Restricciones a la capacidad. Además de las restricciones derivadas del principio de la especialidad existen otras impuestas por la ley y por la naturaleza de las cosas. Entre las derivadas de la ley podemos mencionar las referentes al uso, usufructo, habitación y servidumbres personales que no pueden constituirse cuando el beneficiario es una persona jurídica (arts. 2828, 2920, 2969, 2972 y 3004 del Código Civil), y entre las que derivan de la naturaleza de las cosas aquellas que son inseparables de la condición humana.

 

Responsabilidad de las personas jurídicas

La responsabilidad es la aptitud para ser sujeto pasivo de una sanción, y ésta es la pena que se impone al infractor de un deber jurídico.

Hay tres clases de responsabilidad: 1) contractual; 2) extracontractual; 3) penal.

1) Responsabilidad contractual.

La persona jurídica responde en todos los casos de los actos jurídicos realizados por sus representantes en ejercicio de las atribuciones que le confieren las leyes; cuando exceden ese limite no obligan a la persona jurídica sino a quienes los efectuan. El art. 36 dispone: "Se reputan actos de las personas jurídicas los de sus representantes legales, siempre que no excedan los limites de su ministerio. En lo que excedieren, solo producirán efectos respecto de los mandatarios".

Se considera representantes de las personas jurídicas a los individuos que según el orden normativo que las rigen estan facultados para imputar las consecuencias de los actos realizados (al ente), siempre y cuando se ajusten a lo establecido en los estatutos.

Existen dos excepciones en las cuales no hay responsabilidad de los representantes sino de la persona jurídica: a) en el supuesto del enriquecimiento sin causa, en cuyo caso ésta responde en la medida del beneficio o del enriquecimiento obtenidos; b) cuando la persona jurídica ratifica los actos realizados por sus mandatarios fuera de los limites del mandato. Los actos realizados por los representantes que exceden las facultades conferidas por la ley o por los estatutos, solo obligan a la persona jurídica si ésta los ratifica.

Para los casos de incumplimiento de las obligaciones contraídas por los representantes dentro de los límites del mandato, el art. 42 dispone: "Las personas jurídicas pueden ser demandadas por acciones civiles, y puede hacerse ejecución en sus bienes".

 

2) Responsabilidad extracontractual.

El art. 43 establece: "Las personas jurídicas responden por los daños que causen quienes las dirijan o administren, en ejercicio o con ocasión de sus funciones. Responden tambien por los daños que causen sus dependientes o las cosas, en las condiciones establecidas en el título <De las obligaciones que nacen de los hechos ilícitos que no son delitos>".

Las personas jurídicas responden por:

• los hechos cometidos por sus directores o administradores con motivo o en ejercicio de sus funciones. Esta responsabilidad se extiende a los hechos cometidos por los directores de sociedades (art. 1720 del Codigo Civil).

• los hechos producidos por las personas de que se sirve o por las cosas que tiene a su cuidado (art. 1113 del Código Civil).

 

3) Responsabilidad penal.

Existen otras sanciones aplicables a la persona jurídica, como, por ejemplo, las multas, la caducidad de las concesiones del Estado, el retiro de la personería jurídica, etc.

Borda admite la responsabilidad penal de las personas jurídicas.

Algunas leyes especiales imponen sanciones penales a las personas jurídicas, la 12.830, de represión del agio, que extiende las sanciones de multa y clausura del local a las personas jurídicas; la 12.906, de represión de monopolios; la 14.792, que reprime el contrabando; la 16.454, de abastecimiento, que en su art. 10 establece: "cuando las infracciones hubieren sido cometidas en nombre o a beneficio de una persona jurídica, sociedad o asociación o con intervención de alguno de sus órganos, la entidad será sometida a los procedimientos y sanciones de la presente ley".

La ley 19.231, sobre registro nacional de contratos de licencias y transferencias de tecnología (marcas de fábrica, patentes de invención, diseños y modelos industriales, etc.), establece sanciones para las infracciones dolosas a las normas de la ley, como la pérdida de la personería jurídica, multas, etc.

Actualmente se considera que en algunas ocasiones es conveniente "descorrer el velo de la personería", a fin de buscar la realidad que está más allá del ente ideal. Se refiere al uso desmedido de un recurso técnico no para los fines básicos que justifican la existencia y el desenvolvimiento, sino para actos inválidos para el orden jurídico general, que dan lugar a la teoría de la penetración y que limitan los efectos de la personalidad.

 

Personas jurídicas de caracter privado: comienzo de la existencia

Acto constitutivo

Todo grupo de personas que quiera actuar como persona jurídica, requiere un acto de voluntad, es decir, un acto constitutivo, o sustrato real, centro activo de relaciones jurídicas, que puede ser definido como el acto jurídico por el cual los miembros de la institución manifiestan su voluntad tendiente a crear una persona jurídica. El acto volitivo por sí solo es insuficiente; el acto constitutivo requiere además una disposición del derecho objetivo que así lo reconozca.

La constitución de las personas jurídicas puede ser llevada a cabo de distintas formas:

1) Constitución libre

Es el sistema adoptado en nuestra ley para las sociedades civiles y para las simples asociaciones del art. 46. Es suficiente para su constitución el cumplimiento de los requisitos de fondo establecidos por el derecho objetivo.

2) Inscripción en el registro

La existencia de la persona jurídica depende de la inscripción del contrato constitutivo en un registro especial. Están comprendidas las sociedades comerciales que además del acto constitutivo sólo requieren la inscripción, previa comprobación del cumplimiento de los requisitos legales y fiscales y, en su caso, la publicación del contrato.

3) Autorización estatal

La existencia de las personas jurídicas depende de un acto del Poder Ejecutivo o del Legislativo, según los distintos casos. Cuando la autorización debe emanar del Poder Ejecutivo, el organismo competente es la Inspección General de Personas Jurídicas. La autorización también puede ser conferida por ley del Congreso nacional. Así se requería en el supuesto de las órdenes religiosas, pero a partir del acuerdo de fecha 10/10/66, celebrado entre la Nación Argentina y la Santa Sede, el sistema se ha modificado. El Estado argentino garantiza a la Iglesia Católica Apostólica Romana el libre y público ejercicio de su culto, de su poder especial y su jurisdicción en el ámbito de su competencia para la realización de sus fines específicos.

Hay supuestos especiales que también requieren la autorización del Estado para funcionar; es el caso de las fundaciones, algunas sociedades comerciales, como las de economía mixta, las cooperativas, las compañías de seguros, las entidades financieras, las universidades privadas y las asociaciones profesionales con personería gremial.

 

La cuestión en nuestro derecho.

El art. 45 del Código Civil dispone: "Comienza la existencia de las corporaciones, asociaciones, establecimientos, etc., con el carácter de personas jurídicas, desde el día en que fuesen autorizadas por la ley o por el gobierno, con aprobación de sus estatutos y confirmación de los prelados en la parte religiosa.

"Las decisiones administrativas en esta materia podrán ser revocadas judicialmente por vía sumaria, en caso de ilegitimidad o arbitrariedad.

"En el supuesto de fundaciones cuyos estatutos no prevean el procedimiento para su reforma, podrá el Poder Ejecutivo disponer su modificación para hacer posible el cumplimiento del fin de la entidad. En este caso, los órganos de gobierno de la fundación podrán interponer los recursos mencionados en el párrafo anterior".

Se entiende por decisión ilegal la que contraría las normas legales o reglamentarias a que debió ajustarse, y por decisión arbitraria, aquella en que se ejerce una facultad discrecional o reglada sin la debida razonabilidad" (lo discrecional no debe ser arbitrario ni responder al capricho o antojo del gobernante).

 

Efectos de la autorización estatal

Según el art. 45, "la existencia de la persona jurídica comienza con la autorización del Estado". Por su parte, el art. 47 establece: "En los casos en que la autorización legal de los establecimientos fuese posterior a su fundación, quedará legitimada su existencia como persona jurídica, con efecto retroactivo al tiempo en que se verificó la fundación".

El alcance que se le debe otorgar al art. 47 dio origen a una discusión doctrinal. Llerena, Machado y Salvat consideran que la aplicación retroactiva de los efectos del reconocimiento se refiere sólo a las fundaciones, mientras que Segovia, Spota, Borda, Aráuz Castex y Llambías, sostienen que ese precepto es aplicable a todos los supuestos de las personas jurídicas.

En la formación de la persona jurídica cabe distinguir dos momentos: 1) el período de la formación, durante el cual el ente puede realizar actos supeditados a la condición suspensiva del otorgamiento de la personería jurídica; y 2) el período del pronunciamiento, en el cual pueden presentarse dos supuestos: a) que la autorización sea otorgada; en este caso se cumple la condición y los actos realizados son reputados válidos con retroactividad a la fecha de la constitución o fundación; b) que se deniegue la autorización, en cuyo caso la condición no se cumple y los actos realizados no son válidos, salvo las donaciones y legados hechos a la persona jurídica que quedan firmes.

 

Persona jurídica constituída en el extranjero

Conforme al art. 34 del Código Civil, "son también personas jurídicas los Estados extranjeros, cada una de sus provincias o municipios, los establecimientos, corporaciones o asociaciones existentes en países extranjeros, y que existieren en ellos con iguales condiciones que los del artículo anterior" (el art. 33, que contempla las personas jurídicas nacionales).

Son personas jurídicas de carácter público todos los Estados extranjeros, sus provincias, sus municipios y las entidades autárquicas, y son de carácter privado los establecimientos, corporaciones o asociaciones que sean tales en los países extranjeros.

Con relación a las personas jurídicas extranjeras de carácter privado se debe hacer la siguiente distinción:

a) Si desarrollan actividades permanentes en nuestro país deberán solicitar la autorización previa del Estado y reunir los requisitos establecidos por el art. 33 del C. Civil.

b) Si realizan actos aislados no requieren la autorización estatal ni el cumplimiento de los requisitos del art. 33, pues es suficiente con que en el país en que fueron creadas hayan sido reconocidas como persona jurídica.

Nuestro Código no ofrece dudas; según el art. 34, las personas jurídicas reconocidas en el extranjero lo serán en la República si tienen por objeto el bien común, poseen patrimonio propio y tienen capacidad para adquirir bienes; en el supuesto contrario se les puede negar ese carácter.

Las asociaciones que fueron suprimidas por ley especial o que fueren contrarias a nuestras leyes, la moral y las buenas costumbres no deben ser reconocidas, como, por ejemplo, una sociedad constituída para explotar la esclavitud, o para ejercer el contrabando.

 

Los estatutos

Concepto

Son el conjunto de disposiciones referentes a cada una de las personas jurídicas. En ellas se determina el nombre, el domicilio, el fin de la institución, los órganos de gobierno, los derechos y deberes de sus miembros, la constitución e inversión de su patrimonio, las causas de extinción y el destino de sus bienes.

Son las reglas fundamentales y básicas que organizan y rigen la vida de cada persona juridica. Toda modificación o aprobación requiere la autorización del Estado. Los estatutos obligan a los miembros como la ley misma; importan el ordenamiento de la entidad y fijan las reglas que la rigen, su posición jurídica y la de sus miembros.

La jurisprudencia ha considerado que "el estatuto constituye la regla básica sobre la que se estructura la vida y organización de un club; por consiguiente, sólo se puede recurrir a la vía judicial una vez agotado el procedimiento establecido en los estatutos y cuando los órganos sociales hayan incurrido en arbitrariedad".

 

Aprobación de los estatutos

La aprobación por parte del Estado confiere a los estatutos el carácter de ley fundamental de la persona jurídica. En el orden nacional el trámite de aprobación de los estatutos se efectúa ante la Inspección General de Personas Jurídicas, que puede aprobarlos u observarlos. De las observaciones formuladas se da vista a los interesados, quienes al contestarlas pueden aceptar las decisiones del organismo o insistir en el mantenimiento del proyecto original.

El segundo párrafo del art. 45 dice: "Las decisiones administrativas en esta materia podrán ser revocadas judicialmente por vía sumaria, en caso de ilegitimidad o arbitrariedad".

 

Reforma de los estatutos

Está regida por normas semejantes a las establecidas para la creación original. En general, es el mismo estatuto el que determina el procedimiento a seguir para su reforma, estableciendo las mayorías requeridas para decidir si es necesaria o no y para aprobar las modificaciones que se pretende introducir.

Si el estatuto no establece el procedimiento a seguir, cabe distinguir si se trata de una asociación o una fundación. Si es una asociación se podrá reformar con la mayoría absoluta de sus miembros. Si se trata de una fundación se debe estar a lo dispuesto en el art. 45, tercer párrafo, que dice: "En el supuesto de fundaciones cuyos estatutos no prevean el procedimiento para su reforma, podrá el Poder Ejecutivo disponer su modificación para hacer posible el cumplimiento del fin de la entidad. En este caso los órganos de gobierno de la fundación podrán interponer los recursos mencionados en el párrafo anterior".

En el supuesto de sociedades, el contrato por el cual se constituye o modifica una sociedad será otorgado por instrumento público o privado y se lo inscribirá en el Registro Público de Comercio.

En lo referente a las asociaciones profesionales, la reforma del estatuto corresponde a las asambleas o congresos ordinarios o extraordinarios.

 

Las personas jurídicas privadas en particular

Asociaciones o corporaciones

La asociación o corporación es una integración efectiva de personas con independencia jurídica, cuyas decisiones tienen el valor de actos de voluntad con poder de disponer y obligar su patrimonio, correspondiendo la administración de los asuntos de aquélla a los miembros que la integran.

Las asociaciones son entidades cuya actividad trasciende a la comunidad, ya que cumplen una función social y cultural, para lo cual se requiere la concurrencia organizada de personas animadas de ese objetivo de bien común.

Según Llambías, "la corporación resulta un multiplicador de energías humanas, ya para emprender grandes obras de construcción, producción o comercialización, ya para organizar en gran escala laborales de orden espiritual (acción apostólica, social, cultural, etc.)".

 

Órganos de gobierno

Para desarrollar su vida jurídica las asociaciones deben contar con órganos de gobierno, establecidos en sus estatutos: un órgano ejecutivo llamado directorio, comisión directiva o comité ejecutivo; uno deliberativo denominado asamblea, que es la autoridad superior, y uno de control: la sindicatura. Tiene además órganos técnicos que pueden ser designados por el directorio, como, por ejemplo, administradores, intendentes, apoderados judiciales, etc.


Asamblea

Es el órgano deliberativo y constituye la autoridad máxima de la asociación. Está integrada por todos los miembros con derecho a voto. Entre las facultades de la asamblea se cuentan las de nombrar y remover a la comisión directiva, controlar la actividad que desempeñan sus miembros, modificar los estatutos, aprobar los balances y nombrar y remover a los demás órganos.

La asamblea debe ajustarse a las disposiciones estatutarias respecto de la convocatoria, quórum para sesionar, cómputos de las mayorías requeridas, etc.

Hay dos clases de asambleas: ordinarias y extraordinarias. Las primeras son las que se reúnen periódicamente, por lo común una vez al año, para decidir sobre cambios de comisión directiva, aprobación de memorias, balances, cuentas de gastos y recursos, etc.; las segundas, las que se convocan para supuestos especiales, generalmente eventos importantes, como la modificación de los estatutos, la disolución de la sociedad, etc.

 

Directorio o comisión directiva

Es el órgano ejecutivo, tiene a su cargo el cumplimiento de las decisiones de la asamblea, a la cual debe rendir cuentas anualmente, y desempeñar las funciones establecidas en los estatutos. Tiene la administración y dirección permanente de la asociación y la representación frente a terceros.

Las funciones que desempeñan los organismos ejecutivos de las asociaciones civiles son en principio gratuitas, pero ello no impide que por los estatutos o por resolución de la asamblea se les reconozca una remuneración. Su actuación se rige por las reglas del mandato (art.1860, inc. 2, del C. Civil).

 

Sindicatura

Es el órgano de control unipersonal o colegiado, designado por la asamblea, cuya función consiste en fiscalizar el desempeño del órgano ejecutivo, el cumplimiento de las normas estatutarias, la regularidad de las inversiones de fondos y dictaminar al respecto a fin de asesorar convenientemente a la asamblea.

Los órganos de control pueden ser desempeñados por personas ajenas a la asociación, con el único requisito de la idoneidad.

 

Relaciones entre la asociación y sus miembros

Son miembros de las asociaciones las personas individuales o colectivas que las integran, ya sea por haber participado en el acto constitutivo o por haberse incorporado posteriormente, ya que conforme al art. 38 del C. Civil, las asociaciones pueden admitir nuevos miembros, con tal de que no excedan el número determinado en sus estatutos.

Los derechos y deberes de la asociación y sus miembros están regulados por el contrato asociativo, por el objeto de ella y por las disposiciones de sus estatutos (art. 40 del C. Civil).

 

Derechos de los miembros

a) participar en el gobierno de la entidad, elegir y ser elegido para ser integrantes de los órganos de la asociación;

b) integrar, participar en las deliberaciones de la asamblea y votar en ella. Este derecho, en principio, no se lo puede restringir, salvo en los casos previstos en el estatuto;

c) impugnar las decisiones de la corporación que no reúnan los requisitos legales y recurrirlas judicialmente.

d) exigir el respeto del principio de igualdad entre los socios de una misma categoría.

e) renunciar a la asociación cuando lo considere conveniente (derecho de receso).

f) permanecer en la asociación y no ser expulsados sin justa causa.

g) fiscalizar la contabilidad y obtener copias de ella;

h) gozar de los beneficios, servicios e instalaciones de la entidad.

 

Derechos de la asociación

a) Exigir el cumplimiento de las reglas estatutarias (los miembros deben acatar y ejecutar las decisiones válidas de los órganos de la institución).

b) Percibir las cuotas sociales y contribuciones que deben pagar los asociados.

c) Hacer respetar las normas que rigen el funcionamiento de la entidad.

d) Impedir la realización de actos prohibidos por los estatutos que causen perjuicio a la asociación o que sean contrarios a sus fines.

e) Aplicar sanciones disciplinarias.

Entre las medidas disciplinarias que puede aplicar la corporación están las siguientes:

a) llamado al orden, llamado de atención, prevención o amonestación;

b) apercibimiento;

c) multas;

d) privación de determinados beneficios o servicios;

e) suspensión;

f) expulsión;

g) inhabilitación perpetua.

 

Fundaciones

Concepto

Es la entidad creada mediante un acto unilateral (acto fundacional) destinada a realizar un fin totalmente altruísta; es la persona jurídica que se constituye con un objeto de bien común, sin propósito de lucro, mediante el aporte patrimonial de una o más personas, destinado a hacer posible sus fines.


Caracteres

La fundación tiene los siguientes caracteres:

a) tiene un fin altruísta;

b) carece de miembros;

c) tiene un patrimonio afectado a un fin lícito;

d) la normativa está dada por el fundador.

 

Diferencias con las asociaciones o corporaciones

a) La asociación se origina en el acuerdo de varias personas (acto constitutivo); en cambio, la fundación nace de un acto unilateral, la voluntad del fundador (acto fundacional). El fundador puede ser una persona física o una persona jurídica.

b) La asociación puede tener un fin interesado o no, lucrativo o no; en cambio, la fundación tiene como característica esencial un fin altruísta (sin fines de lucro).

c) La actividad de la asociación beneficia a sus miembros o a sus asociados; en la fundación los beneficiarios son extraños a ella.

d) La asociación o corporación esta constituída por miembros; la fundación carece de ellos y sólo tienen beneficiarios.

e) La asociación esta gobernada y dirigida por sus asociados; la fundación esta dirigida conforme a la voluntad del fundador contenida en los estatutos.

 

Requisitos

Las fundaciones pueden constituirse por instrumento público o privado.

El instrumento debe contener:

a) los datos de los fundadores;

b) el nombre y domicilio de la fundación;

c) la designación del objeto de la entidad;

d) el patrimonio inicial y los recursos;

e) el plazo de duración;

f) organización del consejo de administración;

g) clausulas atinentes al funcionamiento de la entidad;

h) procedimiento para la reforma del estatuto;

i) fecha de cierre del ejercicio anual;

j) cláusulas de disolución y procedimiento para la liquidación y destino de los bienes.

 

Otras entidades que requieren autorización para funcionar

1) las sociedades de economía mixta

2) las cooperativas

3) las entidades de seguros

4) entidades financieras

5) universidades privadas

6) asociaciones profesionales

7) colegios públicos

 

Personas jurídicas que no requieren autorización estatal

Son las sociedades civiles y comerciales y otras entidades que conforme a la ley tengan capacidad para adquirir derechos y contraer obligaciones (art. 33, apart. 2, C. Civil).

Es necesario distinguir el contrato de sociedad de la persona jurídica creada por él. El contrato de sociedad de la persona jurídica es aquel por el cual dos o más personas aportan sus bienes con el fin de realizar determinadas operaciones, lucrar con el conjunto y dividir las utilidades obtenidas (art. 1648, C. Civil).

El esquema de las sociedades civiles y comerciales se configura así:

1) sociedades civiles: regulares e irregulares cuyo objeto no es comercial;

2) sociedades comerciales regularmente constituídas;

3) sociedades de hecho e irregulares con objeto comercial.

 

1) Sociedades civiles

Según el artículo 1648 del Código Civil, "habra sociedad cuando dos o más personas se hubiesen mutuamente obligado, cada una con una prestación, con el fin de obtener alguna utilidad apreciable en dinero, dividirán entre sí, del empleo que hicieran de lo que cada uno hubiere aportado".

Las sociedades civiles nacen con el acto constitutivo. El contrato de constitución, sus modificaciones y prórrogas deben ser hechos por escritura pública (art. 1184, C. Civil).

El fin de la sociedad es la obtención de un beneficio o un resultado apreciable en dinero, que se dividirá entre los socios.


Requisitos para la existencia de la sociedad civil

a) pluralidad de personas;

b) aportes sociales;

c) participación en las ganancias y contribución en las perdidas;

Tiene los siguientes caracteres:

a) la personalidad de la sociedad es distinta de la persona de los socios (art. 1711);

b) los bienes de la sociedad no se confunden con los bienes de los socios (art. 1702);

c) los deudores de la sociedad no son deudores de los socios (art. 1712).

 

2) Sociedades comerciales

Habrá sociedad comercial cuando dos o más personas en forma organizada, conforme a uno de los tipos previstos en la ley, se obliguen a realizar aportes para aplicarlos a la producción o intercambio de bienes o servicios participando de los beneficios y soportando las pérdidas.

La sociedad comercial es una realidad jurídica que queda tipificada por su encuadramiento en una de las formas previstas en la ley comercial, la formación de un fondo común para ser aplicado a la producción de bienes y servicios, la participación de los socios en los beneficios, la contribución en las pérdidas y la inscripción en el Registro Público de Comercio.

El contrato de constitución se otorgará por instrumento público o privado y se inscribirá en el Registro Público de Comercio de la jurisdicción correspondiente al domicilio social.

La inscripción registral tiene por finalidad la comprobación del estado de regularidad de la relación societaria, mientras que la personalidad del ente nace con el acto constitutivo, con independencia de la inscripción.

 

3) Otras entidades

Ademas de las sociedades civiles y comerciales existen otros entes que son personas de caracter privado y que están comprendidas en el art. 33, parte 2, inc. 2. Entre ellos está el consorcio de propietarios de un edificio de propiedad horizontal.

Con respesto a la personalidad jurídica del consorcio de propietarios la jurisprudencia se ha manifestado en forma diversa. Algunos fallos le han negado personeria jurídica, mientras que otros se la han reconocido.

 


Simples asociaciones

El funcionamiento de las simples asociaciones es una consecuencia del derecho de asociarse con fines útiles reconocido por el art. 14 de la Constitución nacional.

El art. 46 del Código Civil dispone: "Las asociaciones que no tienen existencia legal como personas jurídicas, serán consideradas como simples asociaciones civiles, comerciales o religiosas, según el fin de su instituto. Son sujetos de derecho, siempre que la constitución y designación de autoridades se acredite por escritura pública o instrumentos privados, autenticidad certificada por escribano público. De lo contrario, todos los miembros fundadores de la asociación y sus administradores asumen responsabilidad solidaria por los actos de ésta. Supletoriamente regirán a las asociaciones a que este artículo se refiere las normas de la sociedad civil".


Requisitos

a) acto constitutivo

b) constitución por escritura pública o por instrumento privado

c) licitud de objeto, aportes de capital.

d) comunicar su existencia al Ministerio del Interior en la Capital y a las jefaturas de policía en las provincias e informar: 1) la denominación y el domicilio; 2) la finalidad que persiguen; 3) estatutos y nómina de socios; 4) libro de actas a disposición de las autoridades para su control.

El incumplimiento de estos requisitos se sanciona con la disolución.


Objeto

El objeto de la asociación puede ser civil (clubes sociales o deportivos), comercial, religiosos (como en el caso de las asociaciones piadosas), etc.


Efectos

Las simples asociaciones que reúnen los requisitos establecidos por la ley son sujeto de derecho; tienen responsabilidad contractual y extracontractual; la responsabilidad de la asociación no excluye la de los socios; carecen de capacidad para adquirir por donación (art. 1806) o por sucesión testamentaria (art. 3735); gozan de libertad en cuanto al número de socios, condición de ello, formas de administración, capital que reciba por medio de aportes, etc.

Las simples asociaciones que no reúnen los requisitos exigidos por el art. 46 del Código Civil no son sujeto de derecho y la responsabilidad por los actos realizados en nombre de ellas recaerá sobre sus administradores o fundadores, quienes responden solidariamente.

Las asociaciones de hecho tienen una capacidad juridica estrictamente condicionada a los fines de su creación. La falta de personalidad no obsta al control judicial y la asociación puede ser intervenida.

La caracterización jurídica de la simple asociación en nuestro ordenamiento positivo lo constituye el fin de bien común que debe proponerse, su subsistencia por sobre la desaparición temporal de sus miembros y el hecho de que sean los estatutos los que indiquen la actividad que ha de desarrollar, que en principio no debe estar regulada por ley alguna. Esta última característica permite diferenciarla de otros tipos de asociaciones, cuya actividad está regulada por la ley, como las sociedades comerciales, las asociaciones profesionales, sindicales, etc.

 


Fin de la existencia de las personas jurídicas

El art. 48 del Código Civil dispone: "Termina la existencia de las personas jurídicas que necesitan autorización expresa estatal para funcionar:

"1) por su disolución en virtud de la decisión de sus miembros, aprobada por por la autoridad competente; (voluntaria)

"2) por disolución en virtud de la ley, no obstante la voluntad de sus miembros, o por haberse abusado o incurrido en transgresiones de las condiciones o cláusulas de la respectiva autorización, o porque sea imposible el cumplimiento de sus estatutos, o porque su disolución fuese necesaria o conveniente a los intereses públicos; (forzada)

"3) por la conclusión de los bienes destinados a sostenerlas.

"La decisión administrativa sobre retiro de la personería o intervención de la entidad dará lugar a los recursos previstos en el art. 45. El juez podrá disponer la suspensión provisional de los efectos de la resulución recurrida".


a) Disolución voluntaria

Inciso 1 del art. 48. En este caso se aplican normas diversas según se trate de asociaciones o fundaciones. En el primer supuesto los miembros de la asociación pueden decidir libremente su extinción.

En el caso de las fundaciones los estatutos deben prever las condiciones de disolución y liquidación. Salvo que el estatuto establezca una disposición en contrario, será necesario para la disolución de la fundación el voto de los dos tercios de los integrantes del consejo de administración.


b) Disolución forzada

Puede ser dispuesta por la ley a pesar de la voluntad en contrario de sus miembros o por resolución estatal dictada por el organismo que otorgó la autorización para funcionar, y en el caso de las personas jurídicas que no requieren autorización del Estado, la justicia puede ordenar su disolución con efecto retroactivo al día en que tuvo lugar la causa generadora (arts. 1776, C. Civil, y 97, ley 19.550)

Disolución por retiro de la personería

El inc. 2 del art. 48 contempla el caso de disolución en virtud de la ley, es decir, en forma independiente de la voluntad de los socios o por el imposible cumplimiento de los estatutos. Ello puede ocurrir cuando el patrimonio sea insuficiente o cuando desaparezcan todos los miembros (art. 49) o cuando quede acéfala una fundación.

Disolución por desaparicion de bienes

El inciso 3 del art. 48 : Cuando la disolución se produce por una decisión de la autoridad administrativa que concedió la autorización, puede recurrirse judicialmente (art. 48, in fine).

 

Otros supuestos

a) Muerte de sus miembros

Si bien la personalidad del ente colectivo y la de sus miembros es diferente, cabe distinguir distintas situaciones: 1) que subsista un número determinado de socios suficiente para cumplir los fines de la asociación. En este caso no procede la disolución; 2) que el número de los socios sobrevivientes sea insuficiente.

En las sociedades civiles la disolución se produce si muere uno de los dos miembros que la componen (art. 1758), o por exigencia de alguno de los socios. "...la sociedad no puede continuar con buen éxito" (art. 1759).

La sociedad comercial se disuelve por "reducción a uno del número de socios , siempre que no se incorporen nuevos socios en el término de tres meses" . (art. 94, inc. 8, ley 19.550).


b) Cumplimiento del objeto

Habiéndose cumplido el objeto para el cual se constituyó la entidad, ésta debe extinguirse porque no puede existir sin objeto.


c) Fusión

La fusión de dos o más entidades da lugar al nacimiento de una nueva, distinta de las anteriores y, por tanto, se produce la extinción de la personalidad jurídica de aquéllas y su resolución de pleno derecho.

 

Destino de los bienes

El art. 50 del Código Civil establece: "Disuelta o acabada una asociación, con el carácter de persona jurídica, los bienes y acciones que a ella pertenecían, tendrán el destino previsto en sus estatutos; y si nada se hubiese dispuesto en ellos, los bienes y acciones serán considerados como vacantes y aplicados a los objetos que disponga el cuerpo legislativo, salvo todo perjuicio a terceros y a los miembros existentes de la corporación".

Del texto legal surge que extinguida la persona jurídica hay tres momentos:

a) liquidación de los bienes;

b) pago de las deudas;

c) aplicación del remanente al destino que sea procedente.

Llambías considera que "en ausencia de otra disposición estatutaria que fijase el destino de los bienes de otra manera, correspondería reintegrar a los miembros existentes de la corporación, el aporte con que cada uno hubiese concurrido a formar el capital de la entidad, reputándose vacante el saldo de bienes que quedase".

Si se trata de una sociedad con fines de lucro, los aportes y el remanente de los bienes se distribuyen entre los socios, ya que los bienes les pertenecen a ellos.

En el supuesto de las fundaciones, el remanente de los bienes debe ser destinado a una entidad de carácter público o a una persona jurídica sin fines de lucro y domiciliada en la República cuando se trate de fundaciones extranjeras.