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CASO PERALTA

- Realizado por Matías -

 

Preguntas:

  1. ¿En qué caso se menciona el art. 3 del Código Civil ?
  2. ¿Cuáles son los fundamentos o argumentos de la Corte para justificar la no devolución del dinero a Peralta?

 

 

1) El art. 3 del Código Civil se refiere al principio de irretroactividad de la ley.

Antes de la reforma de la Ley 17.711, el ART. 3 decía: "Las leyes disponen para lo futuro; no tienen efecto retroactivo, ni pueden alterar los derechos ya adquiridos".

Después de la reforma, el ART. 3 dice:: "A partir de su entrada en vigencia, las leyes se aplicarán aún a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes. No tienen efecto retroactivo, sean o no de orden público, salvo disposición en contrario. La retroactividad establecida por la ley, en ningún caso podrá afectar derechos amparados por garantías constitucionales.
A los contratos en curso de ejecución no son aplicables las nuevas leyes supletorias".

Cuando se dicta una ley que reemplaza a otra anterior, se debe establecer cúal será el campo de aplicación de la nueva ley.

Las situaciones (ej: estado de filiación, padre, hijo, etc) o relaciones jurídicas (ej: un contrato) producen efectos o consecuencias, y cuando estos efectos se producen con posterioridad a la nueva ley, ella se habrá de aplicar a dichos efectos, pero no podrá aplicarse a los efectos producidos antes de su sanción, pues ellos ya han sido regulados por la ley anterior.

Al expresar el art. 3, que las leyes no tienen efecto retroactivo, "salvo disposición en contrario", está abriendo una posibilidad a la aplicación retroactiva de la ley: la ley podrá ser retroactiva, cuando ella misma así lo disponga en su texto.

 

Requisitos para la aplicación retroactiva de la ley.-

  1. que la misma ley disponga su aplicación retroactiva;

  2. que 'la retroactividad establecida por la ley, en ningún caso afecte derechos amparados por garantías constitucionales'. Este último requisito, constituye el límite de la aplicación retroactiva de la ley.

 

Cuando la ley dice que no se pueden afectar derechos amparados por garantías constitucionales, se refiere a los derechos que se encuentran enumerados en el art. 14 de la Const. Nac., y, especialmente, a la garantía del derecho a la propiedad privada, contenida en el art. 17.

En el caso Peralta, él y otras personas, habían efectuado un plazo fijo un plazo fijo a 7 días en un Banco, con vencimiento el 3/1/90. Para esa fecha, el Poder Ejecutivo nacional había dictado el Decreto de 'necesidad y urgencia' 36/90, por el cual limitó la devolución de los depósitos a una suma determinada, abonándose el excedente en Bonos Externos 1989.

A raíz del dictado de esas normas, Peralta se sintió afectado e inició una acción de amparo, solicitando la declaración de inconstitucionalidad del decreto mencionado y pidiendo, que se le pagara el capital que se le adeudaba, más los intereses respectivos y las costas del juicio.

Sostuvo Peralta que las normas cuestionadas constituían en un acto de autoridad pública, que en forma actual e inminente lesionaba con arbitrariedad e ilegalidad manifiesta derechos y garantías explícita e implícitamente reconocidos por la Constitución Nacional.

También sostuvo que dichas normas permitían que, lisa y llanamente, se confiscaran fondos de su propiedad, viciando el principio de supremacía de las leyes y vulnerando los arts. 14, 17 y 18 de la Constitución Nacional.

El juez de primera instancia, falló en contra de Peralta, rechazando la acción de amparo que había interpuesto. Apelado este fallo, la Cámara en lo Contencioso Administrativo, revocó el fallo del juez, declaró la inconstitucionalidad del Decreto 36/90, e hizo lugar a la demanda entablada por Peralta. Contra el fallo de la Cámara se interpuso recurso extraordinario y se llegó a la Corte Suprema de Justicia.

La Corte Suprema, declaró procedente el recurso extraordinario, dejó sin efecto la sentencia de la Cámara y rechazó la demanda de Peralta.

Con relación al art. 3 del Código Civil, en los Considerandos del fallo (apartado 20) se expresa: Con sabia prudencia, ha sostenido el tribunal —en el recordado y bien atinente caso «Kot» (La Ley, 92-632) «que las leyes no pueden ser interpretadas sólo históricamente, sin consideración a las nuevas condiciones y necesidades de la comunidad, porque toda ley, por naturaleza, tiene una visión de futuro, está predestinada a recoger y regir hechos posteriores a su sanción: ‘las leyes disponen para lo futuro’, dice el art. 3° del Cód. Civil, con un significado trascendente que no se agota, por cierto, en la consecuencia particular que el precepto extrae a continuación. Con mayor fundamento, la Constitución, que es la ley de las Leyes y se halla en el cimiento de todo el orden jurídico positivo, tiene la virtualidad necesaria de poder gobernar todas las relaciones jurídicas nacidas en circunstancias sociales diferentes a las que existían en tiempos de su sanción. Este avance de los principios constitucionales, que es de natural desarrollo y no de contradicción, es la obra genuina de los intérpretes, en particular de los jueces, quienes deben consagrar la inteligencia que mejor asegure los grandes objetivos para que fue dictada la Constitución» (Fallos: 241:291 —La Ley, 92-632).

 

 
2) En cuanto a los fundamentos o argumentos de la Corte para justificar la no devolución del dinero a Peralta, hay que partir de la base de que el decreto de necesidad y urgencia dictado por el Poder Ejecutivo, requería para su permanencia la ratificación del Congreso, el cual a la fecha de dictarse el fallo, no había suscripto dicha ratificación.

La Corte, se pronuncia por la constitucionalidad de la medida adoptada mediante un sorprendente argumento: si el Congreso no había adoptado decisiones diferentes, entonces convalidaba el decreto dictado por el Poder Ejecutivo en estado de emergencia. Esta situación, dijo la Corte, "no nace fuera de la Constitución, sino dentro de ella".

Agrega, además, que dicho decreto de necesidad y urgencia no priva a los particulares de los beneficios patrimoniales reconocidos (legítimamente), ni les niega su propiedad; sino que sólo limita temporalmente la percepción de esos beneficios o restringe el uso que pueda hacerse de esa propiedad.

Llama mucho la atención que la Corte sostenga que el Congreso convalida la actuación legislativa del Poder Ejecutivo por vía del silencio: curiosa forma de modificar el trámite parlamentario, sin necesidad de reforma de la Constitución.

La Corte sostuvo que la situación de emergencia en el caso económico no suspende las garantías constitucionales; pero habilita medidas razonables que, limitadas en el tiempo, quedan sometidas al control de constitucionalidad.