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APLICACION DE LA LEY EXTRANJERA.

En nuestro territorio se aplica la ley argentina, pero hemos visto que, por excepción -en determinados casos-, la ley permite expresamente aplicar la ley extranjera siempre que se cumplan ciertas condiciones.

 

Art. 13. La aplicación de las leyes extranjeras, en los casos en que este Código la autoriza, nunca tendrá lugar sino a solicitud de parte interesada, a cuyo cargo será la prueba de la existencia de dichas leyes. Exceptúanse las leyes extranjeras que se hicieren obligatorias en la República por convenciones diplomáticas, o en virtud de ley especial.

 

Para que sea posible la aplicación de la ley extranjera, se deben dar conjuntamente las siguientes condiciones:

a) que la ley autorice expresamente la aplicación;

b) que sea pedida o invocada por la parte interesada (por tanto, el Juez no podrá aplicar de oficio la ley extranjera);

c) que la existencia de la ley extranjera, sea probada por la parte interesada (en cambio, las leyes nacionales son un derecho, se reputan conocidas, no requieren prueba y basta alegarlas, conf. nota al art. 13).

No require ser invocada:cuando la ley extranjera es de aplicación obligatoria en la República, sea en virtud de una convención diplomática o de una ley especial (seg. párrafo art. 13).

 

 

 

LIMITACIONES DE LA APLICACION DE LEYES EXTRANJERAS.

Art. 14. Las leyes extranjeras no serán aplicables:

1º Cuando su aplicación se oponga al derecho público o criminal de la República, a la religión del Estado, a la tolerancia de cultos, o a la moral y buenas costumbres;

2º Cuando su aplicación fuere incompatible con el espíritu de la legislación de este Código;

3º Cuando fueren de mero privilegio;

4º Cuando las leyes de este Código, en colisión con las leyes extranjeras, fuesen más favorables a la validez de los actos.

 

Estos casos en que la ley extranjera no se aplica son sólo ejemplos; la enumeración no es taxativa.

Así, por ejemplo, la Ley 24.871 (B.O. 10/9/97) establece que las leyes extranjeras no serán aplicables cuando tengan por objeto restringir o impedir el libre ejercicio del comercio y la libre circulación de capitales, bienes o personas en detrimento de algún país o grupo de países, o cuando de algún modo permitan el reclamo de pagos o indemnizaciones de cualquier naturaleza a favor de particulares con motivo de expropiaciones realizadas en un tercer país (conf. art. 1)